Uno de los argumentos más manidos por parte de los independentistas catalanes y de quienes los comprenden, apoyan, alientan o disculpan –que de todo hay- es que el alzamiento contra el orden constitucional por parte de un sector de la sociedad y de las fuerzas políticas catalanas (curiosamente desde el neo anarquismo de la CUP a la derecha nacionalista de toda la vida, antes Convergencia i Unió) requería una solución política y no su “judicialización”. Es decir, que el Estado y su aparato legal deberían haberse abstenido de aplicar la Ley a quienes presunta y reiteradamente la han vulnerado –y cuya actitud denostaba su propósito de perseverar en sus objetivos, pese a sus mentirosas disculpas de que no iban en serio-. Se ha llegado a escribir que fue el Estado quien dio un golpe contra sí mismo, en tanto que los rebeldes actuaron democráticamente ejerciendo su derecho a separarse del resto de España por las bravas.
Y en consecuencia, se acusa al Gobierno de emplear a su antojo el aparato judicial para que le resuelva un problema que debería solventarse al margen de los tribunales, desde el Constitucional al Supremo, como si su función no fuera precisamente la que, a mi entender, están desempeñando. Viejo problema o vieja cotroversia ésta que ya se plantearon Platón y Aristóteles: el viejo dilema entre el Derecho, entre la Ley y la Política.
Uno y otro se preguntaron “¿Qué es mejor: el gobierno de la ley o el gobierno de los hombres? El problema es, a la vez, político y jurídico. Desde el punto de vista político, la cuestión consiste en determinar si, en esas raras ocasiones en las que accede al poder un hombre excepcionalmente dotado para la conducción del Estado, conviene o no restringir su libertad de decisión por medio de leyes. Allí donde concurran en el mismo individuo la más alta aptitud política y la personalidad carismática para liderar a sus conciudadanos: ¿debe estar subordinado a la ley o más bien conviene dejar que sea él mismo quien cree la ley mediante su acción ejemplar? En el ámbito jurídico, se presenta una tensión problemática de signo análogo, que ha sido identificada como una “aporía empírica del derecho”, cuyos términos son los siguientes: o bien organizar la vida social mediante leyes, generales y abstractas, en detrimento de lo singular; o bien dejar librada la última decisión de los asuntos jurídicos a la prudencia de hombres investidos de la autoridad para administrar justicia y resolver las controversias que se produzcan en el marco de la vida social”.
Traducido eso a nuestro asunto, ¿se sugiere que el Estado debería haber renunciado a aplicar la Constitución (art.155) y promover acciones (recursos, denuncias de la fiscalía y otras iniciativas) ante los tribunales, ya Constitucional, Supremo, etc? ¿Es que el Gobierno debería haber realizado una política creativa, ignorando o cediendo ante el desafío soberanista y no aplicar la Ley? Quizá se quiera insinuar que la culpa de la rebelión catalana lo tiene el Gobierno del Estado por no haber cedido a sus pretensiones antes de iniciada ésta o poniendo sobre el tapete cesiones o alternativas que dieran satisfacción al independentismo ante, durante y después de proclamada la República catalana.
Tras los sucesivos pasos que se fueron dando desde la Generalitat y el Parlamento de Cataluña para la proclamación de la República catalana, incluido el ilegal referéndum el 1 de octubre, a través de un plan estratégicamente urdido, que comprendía desde la deslealtad de los Mossos, la campaña de prensa internacional contra el Estado, a la huída del presidente Puigdemont, ¿cabía otra cosa que aplicar la ley? Y si hay que aplicar la Ley tendrán que hacerlo jueces y fiscales.
Se dice que en este proceso se ha usado a los jueces como sustitutos de la política. Quizá convendría recordar con Kelsen que la validez es una propiedad o atributo esencial de cualquier norma, propiedad que a su vez se identifica también con su fuerza obligatoria.
Por lo tanto, los jueces sí que tienen un papel natural y necesario en este proceso. Y si la política ha fallado, lo que no se puede permitir es que el Estado se quede inerme contra quienes, en todo caso, y en este caso, pretenden destruirlo. Yendo más allá, la defensa de la democracia constitucional es, en última estancia labor que compete al aparato judicial del Estado frente a las teorías de esa especie de democracia plebiscitaria –y ni siquiera mayoritaria- que se quiere imponer al conjunto de la ya quebrada sociedad catalana. Y como dijo paradójicamente Kelsen: “El Estado no existe. Existe el Derecho”. O dicho de otro modo, no existe Estado sin Derecho.
Los romanos lo resumieron de otro modo: Ubi homo ibi societas. Ubi societas, ibi Ius. En Cataluña también.
