Las medidas económicas que debería haber tomado el gobierno ante la crisis sanitaria tendrían que haberse orientado a la recapitalización de los agentes económicos e intentar frenar el desmoronamiento generalizado de la actividad económica del país. Para ello, el márketing político de Moncloa anunció la “movilización” de 200.000 millones para hacer frente a los efectos económicos provocados por el COVID-19. Ya sabemos que de esa cantidad, la mayoría son avales para garantizar préstamos del ICO que, llegado el caso, pagaremos todos, o bien vía impuestos, o bien vía deuda pública. El resto, meros aplazamientos impositivos que, si bien mejoran la liquidez coyuntural, no sanearán la solvencia estructural de empresas y autónomos. Y eso, a pesar de que no pocos organismos han intentado alimentar la sequía imaginativa del gobierno para moderar la presión fiscal a la que nos tiene sometidos el aparato estatal de recaudación. Se trata de aumentar la liquidez, pero liquidez real, no solo a costa de aplazamientos o de diferir pagos. La últimas, las publicadas por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) que se suman a otras muchas que distintas instituciones han ido proponiendo. Una muestra:
> ¿Y si se otorga algún beneficio fiscal a aquellas empresas que flexibilicen o retrasen las deudas de sus proveedores vía, por ejemplo, deducción en la base imponible del impuesto de sucesiones de la cantidad aplazada?
> Muchas empresas han accedido al beneficio de libertad de amortización de sus activos con el condicionante de aumentar y mantener la plantilla media de sus trabajadores ¿No sería del todo lógico que no se computasen como reducción de plantilla a los trabajadores afectados por los ERTES?
> Podría ser también el momento oportuno para que los ingresos derivados de las deudas de la administración pública pudieran imputarse temporalmente en el momento de su cobro efectivo.
>Ya que las empresas han tenido que adaptarse a las medidas impuestas por el gobierno en materia de teletrabajo, seguridad y distanciamiento físico, parece oportuno plantear que tales gastos e inversiones puedan disfrutar de una deducción adicional en el Impuesto de Sociedades.
> ¿Sería descabellado permitir los rescates de los planes de pensiones sin esperar a la jubilación y sin aplicar el correspondiente rejonazo fiscal?
>Son muchos autónomos los que han disfrutado de la exención de las prestaciones por desempleo recibidas en pago único, a cambio de mantener el ejercicio de la actividad un mínimo de cinco años. No parece muy razonable que el cese de actividad provocado por la alerta sanitaria haga interrumpir el citado plazo.
Como estas, hay cientos de propuestas que repercutirían en la solvencia y recapitalización de empresas y autónomos y, por lo tanto, de sus empleados y sus familias. Los aplazamientos solo retrasan el momento de pagar los impuestos.
