Pues, dilecta leyente, si hay un tema polémico por la diversidad de intereses en conflicto es el del aborto, que no se circunscribe como pretenden algunos a la colisión entre los derechos del “nasciturus” y el de la embarazada.
Desde el punto de vista del Derecho Natural, la pregunta sería ¿quién tiene derecho a decidir quién tiene que vivir y quién tiene que morir? Privilegio hasta ahora solo reservado a los dioses y a los dictadores aún vigentes.
Como sucedió con La Tabla de Carnéades sobre cuál de los náufragos tenía más razón a salvarse, al final se llegará a la convicción de que no era un problema de Derecho, sino de Ética.
Desde el punto de vista sociológico ¿Puede obligarse a la mujer, por el interés general, a que coopere al equilibrio demográfico del país, unas veces pariendo y otras abortando?
Desde el punto de vista del interés social, ¿puede la mujer disponer arbitrariamente de su útero, o como en el caso del capital debe realizar una función social, cabiendo, en su caso, su expropiación?
Desde el punto de vista humanístico, los hijos debieran ser fruto del amor, como algo deseado, y no producto de un embarazo forzado (como la violación), o de un “polvo mágico” (el andoba, tras la cópula, desaparece).
En mi caso, solo me siento compelido por el Derecho Natural, aunque trato de respetar las normas convencionales “por imperativo legal”. Es cierto que los gobernantes tienen la obligación de elevar a la categoría política de normal lo que a nivel de la calle es sencillamente normal, como dijo Adolfo Suarez en su famoso discurso de apertura democrática. Como también es cierto que nuestro país es constitucionalmente aconfesional, lo que exige separar religión y política para no caer en un gobierno talibán, y a la Iglesia le corresponde tratar de convencer a sus fieles de que deben seguir los mandatos cristianos y no esperar que sea el Gobierno, cometiendo intrusismo, el que le saque las castañas del fuego.
A la vista de tan transcendente cuestión y para evitar los drásticos cambios legislativos del gobierno de turno, con la consiguiente inseguridad jurídica y moral, el hecho no debería dejarse en manos de los políticos, sino que debería someterse a referéndum, como prevé el artículo 92, y el incumplimiento de la norma aprobada debería ser juzgado por el Tribunal del Jurado.
Entiendo que es la forma más justa y aséptica de resolver el conflicto, teniendo en cuenta que aconfesionalidad no significa laicidad y que nuestra Carta Magna obliga a tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española
Si realmente existe una mayoría católica se notará su influencia. En caso contrario también. Lo demás suena a cuento del zar Saltán y la princesa cisne.
