La nueva normativa, que previsiblemente serán impugnada en los tribunales, está llamada a reemplazar el denominado Acuerdo Flores, un pacto que implica la liberación de las familias en 20 días y que, en opinión del actual Gobierno, incita a los inmigrantes a entrar en Estados Unidos con niños.
El propio presidente, Donald Trump, ha justificado la reforma como una "necesidad humanitaria urgente", en aparente alusión a la llegada creciente de migrantes centroamericanos. "Para proteger a los niños de los abusos y detener el flujo ilegal, debemos cerrar los vacíos legales", ha aseverado el mandatario en un comunicado.
"Ningún niño debería ser un peón", ha afirmado el secretario en funciones de Seguridad Interior, Kevin McAleenan, al presentar la nueva normativa, que será publicada el viernes en el Registro Federal y entrará en vigor 60 días después --si antes no prospera alguno de los recursos--.
McAleenan confía en el efecto disuasorio de la reforma y ha asegurado que el Gobierno sospecha que algunas familias serían "fraudulentas", conforme a los análisis de ADN que se han realizado en una serie de programas piloto puestos en marcha en los últimos meses.
Trump ha presumido de mano dura contra la inmigración y la semana pasada su Gobierno anunció que negaría los visados y los permisos de residencia permanentes a inmigrantes sin recursos, lo que podría reducir a la mitad el número de entradas. El presidente también ha admitido este miércoles que estudia "seriamente" eliminar el derecho de nacionalidad por nacimiento, lo que dejaría en un limbo a los hijos de personas indocumentadas nacidas en Estados Unidos.
Según los datos del Departamento de Seguridad Interior, en los últimos cuatro años, solo el 18 por ciento de los inmigrantes que fueron liberados en Estados Unidos cumplió con una orden judicial para salir del país. El dato, en cambio, se eleva al 97 por ciento en el caso de quienes estaban detenidos.
La última medida ha sido recibida con críticas por parte de las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos y también del Partido Demócrata. El líder de esta formación en el Senado, Chuck Schumer, ha lamentado que "la crueldad de la Administración Trump no tiene límite" y ha acusado al Gobierno de buscar prolongar el arresto de niños en "condiciones horribles" y de castigar a familias "inocentes".
