n n n Gobierno y Generalitat se reunirán la próxima semana para intentar lograr que Nissan dé marcha atrás en su decisión de cerrar las plantas catalanas, mientras el comité de empresa de Barcelona avisa que solo se sentará a negociar soluciones que impliquen mantener los empleos y los centros de trabajo. Tras la convulsión que provocó ayer el anuncio de Nissan de que cerrará sus plantas catalanas en diciembre, entre ellas la de la Zona Franca de Barcelona, las administraciones insisten en no dar la batalla por perdida, habida cuenta de que la salida de Nissan de Cataluña deja en el aire unos 25.000 empleos, entre directos e indirectos, según estiman el comité de empresa y el gobierno catalán.
La portavoz del gobierno catalán, Meritxell Budó, afirma que su ejecutivo está "trabajando conjuntamente" con el de Pedro Sánchez y precisa: "La próxima semana nos vamos a reunir el Govern de Cataluña con el Gobierno del Estado para trabajar conjuntamente de qué manera podemos afrontar la posibilidad de revertir esta situación, hablando directamente con Japón y lo que haga falta".
La reunión de la próxima semana para buscar "soluciones", que Budó concreta que será en Madrid, fue uno de los asuntos que trataron ayer jueves en conversación telefónica el presidente catalán, Quim Torra, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
unidad institucional
Torra apeló ayer al Gobierno a la unidad institucional por Nissan y explicó que los departamentos de la Generalitat implicados en esta crisis industrial se coordinarían con los diferentes ministerios para "actuar de manera decidida".
Por su parte, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, dijo que es necesario buscar "la mejor colaboración público-privada para dar continuidad a Nissan". Maroto insiste en que la industria de la automoción española tiene factores diferenciales y que hay oportunidades de desarrollo en el ámbito de la movilidad sostenible, para la que el Gobierno hará una apuesta "importante".
Los empleados de Nissan empapelaron ayer las paredes de los concesionarios con folios que recogían consignas en contra del cierre y en favor del mantenimiento del empleo y de las 25.000 familias afectadas.
Algunos partidos como la CUP o ERC han puesto sobre la mesa la posibilidad de nacionalizar la empresa, opción que desde el Govern no ven como "realista", mientras el vicepresidente catalán, Aragonés, apuesta por abandonar las subvenciones y la entrada en el capital.n
