No paran de girar, como las aspas de un molino al viento. Son propulsadas por el hálito de un sistema que se corrompe a sí mismo. Forman parte de la organización del modelo político con el que, legislatura tras legislatura, gobierno tras gobierno, campaña tras campaña, somos engañados, mentidos y vapuleados por la miseria de quien sabe estar prevaricando amparado en la ilegítima autoridad política.
Le toca el turno ahora a Enagás, empresa fundada durante el franquismo como empresa estratégica de regasificación, almacenaje y distribución de gas en España. Actualmente, después de una privatización a precio de ganga, el 95% de las acciones está en manos de inversores privados, la gran mayoría fondos extranjeros. El Estado tan solo posee a través del SEPI una participación del 5% que, sin embargo, le faculta como mayoritario para “proponer” la configuración del consejo de administración. De los dieciséis miembros de dicho consejo, once tienen vinculaciones directas con la política. Por allí andan Isabel Tocino (PP), Ana Palacio (PP), Marcelino Oreja (PP) o Antonio Hernández Mancha (PP),… Y el Consejo de Administración ha aprobado la reciente incorporación de Pepe Blanco (PSOE), José Montilla (PSOE) y Cristóbal Gallego (PODEMOS), justificando los fichajes por su "refuerzo" y "valor añadido" frente al Covid. Sí, están leyendo bien.
El tal Gallego firmó en 2018 un manifiesto precisamente en contra del “impulso político que está recibiendo este combustible fósil sin evaluaciones objetivas e independientes sobre sus riesgos y sin que haya habido un debate público suficiente". Esos supuestos riesgos pierden ahora protagonismo frente a los suculentos 160.000 eurazos anuales que cobrará el profesor asociado en la Universidad Politécnica de Madrid. Por su parte, José Montilla, de quien no se conoce actual oficio ni beneficio, había propuesto cuando era ministro de Industria en 2007 al actual presidente Antonio Llardén como presidente ejecutivo de Enagás.
Pero sería de muy mal pensados que, ahora, este último, pudiera devolverle el favor a su entonces mentor. Montilla deberá pasar a dar explicaciones al Parlamento de Cataluña, porque tendrá que dejar de percibir su pensión como ex jefe del ejecutivo catalán. Nacho Martín, de CIUDADANOS, aquel partido que parecía que luchaba por la regeneración política y el cierre definitivo de las puertas giratorias, reafirmó su posición para pedir la comparecencia del ex ministro por el “mantenimiento de privilegios”, pero nunca por su incorporación a Enagás, advirtiendo “sobre una tendencia demagógica” en quienes critican cualquier movimiento del sector público al privado. Sí, siguen leyendo bien.
