La Justicia francesa inició ayer el juicio contra el ex primer ministro y excandidato de la derecha a las presidenciales de 2017 François Fillon, que hasta que saltó la polémica por la presunta malversación de fondos en favor de su esposa era el favorito a alcanzar el Palacio del Elíseo. La audiencia comenzó ayer después de que este lunes -día previsto inicialmente para su apertura- el Tribunal Correccional de París aceptara la petición de la defensa de aplazar la primera sesión en solidaridad con la huelga de abogados por el proyecto gubernamental de reforma de las pensiones.
En primera fila, el político conservador, su mujer, Penelope, y Marc Joulaud, el diputado al que Fillon cedió su escaño cuando se convirtió en ministro y que, al igual que él, contrató a la esposa de Fillon como asistente parlamentaria en un trabajo que presuntamente ésta nunca desempeñó.
Con gesto serio, en una sala llena de prensa y abierta también al público, los acusados cedieron la palabra a sus abogados. En el punto de mira está el trabajo de Penelope. Según la investigación, no hay rastro ni testimonio objetivo ni concordante de que ella ejerciera una actividad real como ayudante de Fillon entre 1998 y 2002 y entre 2012 y 2013, ni a las órdenes de Joulaud de 2002 a 2007. A la mujer se le reprocha también otro supuesto empleo ficticio entre 2012 y 2013 en la revista literaria "La Revue des Deux Mondes", una publicación propiedad de Marc Ladreit de Lacharrière, empresario cercano al entonces líder de la derecha, y por el que se embolsó 135.000 euros.
Tanto Fillon, de 65 años, como su esposa, de 64, están imputados principalmente por malversación de fondos públicos y apropiación indebida de bienes sociales.
La Asamblea Nacional, personada como acusación particular, les reclama algo más de un millón de euros, mientras que los cargos a los que se enfrentan pueden acarrearles penas de hasta 10 años de cárcel, inhabilitación y unos 150.000 euros de multa.
Esta primera sesión, de carácter procedimental, estuvo centrada en la presentación por parte de la defensa de sendas cuestiones prioritarias de constitucionalidad sobre prescripción de los delitos y separación de poderes.
Si los magistrados aceptan tramitarlas, el juicio podría ser aplazado. En caso contrario, continuará hasta el 11 de marzo. El juicio tiene lugar tres años después de que estallara el escándalo "Penelopegate".
