Solo hay que mirar con detenimiento el mapa de nuestro territorio peninsular para comprender que somos un país pequeño. Esta apreciación bastaría para que nos detuviéramos a pensar en el inmenso valor que tiene cada centímetro de la tierra que pisamos, la inmensa fortuna que llevan nuestros ríos o la del agua que reposa en lagos y pantanos. Todo ese valor se convierte en relativo cuando lo repartimos bajo la codicia política, ideológica, religiosa, industrial… cuando creamos fronteras imaginarias y jugamos a la lotería de las improvisaciones, como niños en un patio de colegio.
España es, desde 1978, una federación imperfecta de países sin Estado, de nostálgicos reinos medievales y de invenciones decimonónicas. Esa es la realidad que subyace bajo la denominación de la España de las Autonomías, un sucedáneo inventado por los redactores de la Constitución para descentralizar un territorio aprisionado por la bota de la dictadura, contentar a los nacionalismos de derechas –especialmente el vasco y el catalán- y poner en marcha un experimento que ha venido dando resultados aceptables mientras se construía el edificio y las cuentas corrientes estaban saneadas o podían responder al gasto de retos nunca abordados. Unos útiles y necesarios, otros disparatados.
Techado el edificio, cada cual se ha encerrado en su habitación propia tratando de acaparar para sí cuanto más poder y presupuestos conseguía, cerrando las puertas a la vecindad con la que apenas si nos encontramos en los rellanos, hasta que han entrado las ratas y ha sido necesario convocar la junta de propietarios. A ella los presidentes territoriales acuden con el temor a que les roben la cartera y la predisposición a exigir dudosas deudas, compensaciones y aplausos.
La crisis económica de 2008 exaltó todos los egoísmos y avaricias del vecindario. El gobierno de Rajoy, en lugar de salvar el pan de cada contribuyente, pidió prestado el dinero que la Banca necesitaba para seguir creciendo y dejó una deuda que terminarán de pagar nuestros biznietos. En paralelo, unas autonomías vendieron los muebles, otras recortaron la salud, la educación, la cultura… en un alarde insolidario sin precedentes. El mismo que se ha multiplicado hasta el infinito en este tiempo de pandemia y en el que la lupa nos ha descubierto miserias e irresponsabilidades que, como basura bajo las alfombras o en los rincones oscuros, anidaban en unas comunidades, mientras en otras la buena o regular gestión salvaba vidas.
El Estado de alarma y el posterior guirigay autonómico de estas semanas han evidenciado la necesidad de un estudio serio, no partidario y de consenso, para establecer mecanismos comunicantes entre todos los pisos del edificio, bajo una coordinación poderosa que rija derechos y obligaciones igualitarios. El sistema compensatorio no ha dado resultado en cuarenta años y, sin despreciar los aspectos positivos logrados, hemos trabajado más por la competitividad que por los esfuerzos solidarios. No se educa igual en un lugar u otro, no se sana con los mismos derechos en todo el país, no cobra la misma pensión un catalán que un gallego, no circulan los mismos trenes por todas las comunidades… No, no estoy hablando de una recentralización. Estoy avisando de que o reorganizamos la federación imperfecta o la bota de la extrema derecha acabará con ella a patadas a la menor oportunidad.
