Un sistema político que contenga algunos elementos fundamentales de una economía de mercado no debe considerarse necesariamente como sistema liberal. El índice de libertad económica elaborado por la Fundación Heritage y que publica el periódico estadounidense The Wall Street Journal, sitúa a la cabeza del ranking a países como Hong Kong, Singapur o Nueva Zelanda, y en el caso de Europa, a Suiza. Sin embargo, ninguno de estos países, ni ningún otro gobierno del mundo puede ser considerado estrictamente liberal, más aún, si también se ponderan los indicadores de libertad individual. A pesar de ello, los incipientes guiños liberales son constantemente reprobados y tachados de neo/ultra liberales por quienes tienen una concepción más intervencionista del Estado y tergiversan su discurso al identificar con el liberalismo infectas prácticas que nada tienen que ver con esta filosofía política.
Esta manipulación ideológica sirve de estímulo para tratar de consolidar el discurso populista de que la única institución garante de proporcionar seguridad y protección ante los abusos de los más poderosos, es el Estado. El llamado Estado benefactor. Con ello, tratan de cebarlo y de otorgarle inmensas cuotas de protagonismo en nuestras vidas.
Una de las perniciosas consecuencias del Estado benefactor es la afloración de una nueva clase social: la clase de los beneficiarios. En la España actual, si sumamos 8,8 millones de p ensionistas, 3,2 millones de funcionarios, 6 millones de parados cobrando prestaciones (ERTES incluídos) y 850 mil personas que puedan ser beneficiarias de la recientemente aprobada renta mínima, nos encontramos con que casi 19 millones de españoles subsisten a través de la percepción de rentas públicas. Por el otro lado, apenas 16,5 millones de trabajadores asalariados del sector privado contribuyen con sus impuestos a la financiación de las citadas “nóminas” públicas.
La situación es, cuando menos, llamativa. No se trata de dejar tirados a los que por un infortunio estén pasando por una situación de necesidad, ni que dejemos de velar por el poder adquisitivo de los pensionistas. Pero lo peligroso, es instalarse en el discurso de que la prioridad del Estado es dar prestaciones cada vez mayores al máximo número de personas que lo necesiten, en lugar que tal prioridad se proyecte a contribuir al establecimiento de las condiciones económicas necesarias para que los que necesiten tal amparo sea el menor número posible de personas.
Dos discursos y formas de entender la política bien diferenciados. La del Estado benefactor reduce el potencial productivo de la economía, afianza el desempleo, provoca tensiones anti inmigración, fomenta la corrupción, el clientelismo, la subida de impuestos y la deuda pública, además de consolidar permanentemente en la pobreza a colectivos cada vez más grandes.
