Estábamos esperando el 1 de octubre y en esto llegó el 20 de septiembre. En cualquier circunstancia, y más en un momento crítico como el que vivimos, hay que medir muy bien las palabras. Y mucho más en una jornada en la que los acontecimientos se suceden a velocidad de vértigo, lo que puede hacer que las afirmaciones tengan prematura fecha de caducidad. El día comenzó con una operación policial en diversas sedes oficiales catalanas relacionadas con la organización del referéndum del 1 de octubre, paralizado por el Tribunal Constitucional. La operación se justifica judicialmente precisamente por esa resolución, porque si las instituciones catalanas siguen adelante con un referéndum prohibido, como así han proclamado, los responsables de poner en marcha la maquinaria estarían incurriendo en presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos. Entre los detenidos, más de una decena, está el número 2 de Oriol Junqueras.
El gobierno central defiende la operación como una respuesta normal del Estado de Derecho frente a quien anormalmente se pone frente a él. El presidente catalán, Carles Puigdemont, ha apelado también, paradójicamente, al Estado de Derecho vulnerado en su opinión por esta intervención en su autonomía, olvidando el pequeño detalle de que fue él mismo quien lo hizo temblar cuando situó a su gobierno, a su parlamento y a las leyes que aprobó por encima de la legalidad española y catalana. Su órdago no es el origen del histórico conflicto pero sí lo es de este conflicto.
Los dos protagonistas se están cuidando mucho de no tomar "la decisión" prematuramente. Mariano Rajoy, de no intervenir la Generalitat de Cataluña aplicando el artículo 155. Carles Puigdemont, de no proclamar unilateralmente la República catalana. Pero la cuerda se está tensando hasta niveles muy preocupantes, Da la sensación de que estamos ante una desesperada carrera hacia adelante cuando quizás la solución al conflicto, si es que la hay, requeriría frenar y dar marcha atrás. Para reformar una Constitución extraordinaria, sin duda, pero a la que se le han saltado algunas costuras y no sólo territoriales; para recuperar un Estatut que se aprobó con todas las de la ley y que mutiló el Tribunal Constitucional porque no encajaba con una Constitución que no había sido reformada; y, por qué no, para regular con pormenor el derecho al referéndum para que sea impecable instrumento democrático y no arma arrojadiza a conveniencia. Pero para todo eso se necesita hacer política. Y da la impresión de que hay mayor preocupación por imponer la ley, que es lo urgente, o por imponerse a la ley, que nunca se puede justificar en democracia aunque se haga en su nombre, que por hacer política. Esto último sería lo importante y no es incompatible con lo primero.
