Visto para sentencia el juicio planteado por un profesor del Conservatorio Profesional
Un profesor del Conservatorio Profesional de Música de Vigo llevó a juicio a la Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional para que admita a trámite un recurso y emita una resolución sobre el uso del español en comunicaciones internas.
El juicio, que ha quedado visto para sentencia, se celebró ayer en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Vigo, donde este docente explicó que al conocer que debía realizar las comunicaciones por escrito únicamente en gallego se dirigió a la Sede de Inspección educativa de Pontevedra en junio de 2019. Allí se le indicó que el uso del castellano "debe estar justificado" y que los documentos en los que se emplee esta lengua deben acompañarse de una traducción al gallego. Además, añadió que se le advirtió de que se le podrían imponer medidas correctivas. Por este motivo, trasladó esta situación a la Valedora do Pobo. Durante 2019 solicitó además a la Jefatura Territorial de Educación un documento en el que se abordase la cuestión, pero ha señalado que "se le envió un escrito informal" en diciembre de ese año en el que se señaló que todas las comunicaciones debían realizarse en gallego.
Posteriormente, este profesor dijo que trasladó esta situación a la Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, pero que esta le indicó que su solicitud ya había sido respondida.
Durante el juicio, se ha recordado que el Gobierno gallego consideró que el recurso del profesor "era inadmisible" dado que versaba sobre un punto "no recurrible". La consellería consideró que la respuesta emitida, un informe, permitía dar contestación a la cuestión.
El abogado del recurrente pidió que se condene al Gobierno gallego a emitir, en un plazo concreto, una resolución sobre la utilización del castellano en el ámbito educativo que sí podría ser recurrible posteriormente.
El juicio, que ha quedado visto para sentencia, se celebró ayer en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Vigo, donde este docente explicó que al conocer que debía realizar las comunicaciones por escrito únicamente en gallego se dirigió a la Sede de Inspección educativa de Pontevedra en junio de 2019. Allí se le indicó que el uso del castellano "debe estar justificado" y que los documentos en los que se emplee esta lengua deben acompañarse de una traducción al gallego. Además, añadió que se le advirtió de que se le podrían imponer medidas correctivas. Por este motivo, trasladó esta situación a la Valedora do Pobo. Durante 2019 solicitó además a la Jefatura Territorial de Educación un documento en el que se abordase la cuestión, pero ha señalado que "se le envió un escrito informal" en diciembre de ese año en el que se señaló que todas las comunicaciones debían realizarse en gallego.
Posteriormente, este profesor dijo que trasladó esta situación a la Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, pero que esta le indicó que su solicitud ya había sido respondida.
Durante el juicio, se ha recordado que el Gobierno gallego consideró que el recurso del profesor "era inadmisible" dado que versaba sobre un punto "no recurrible". La consellería consideró que la respuesta emitida, un informe, permitía dar contestación a la cuestión.
El abogado del recurrente pidió que se condene al Gobierno gallego a emitir, en un plazo concreto, una resolución sobre la utilización del castellano en el ámbito educativo que sí podría ser recurrible posteriormente.
