Las comunidades autónomas tendrán hasta el curso 2022-23 para reducir sus precios públicos de primera matrícula de grado hasta el precio establecido por un modelo propuesto por el ministro de Universidades, Manuel Castells, con el fin de rebajar el gasto del alumnado y evitar disparidad entre regiones. La "Propuesta de modelo de precios públicos de matrícula de los estudios oficiales de Grado para el curso 2020-2021", presentada ayer por Castells a las comunidades y aprobada en Conferencia General de Política Universitaria, señala que no tendrían que bajar sus precios con respecto a 2019-20 Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia y Murcia.
En cambio, otras ocho comunidades (Aragón, Baleares, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Navarra, País Vasco y La Rioja) tendrían que operar "un ajuste relativamente moderado", mientras que para Cataluña y Madrid el ajuste tendría que ser "más acusado". El Ministerio ha reconocido que es necesario "incrementar sustancialmente" la financiación de las universidades públicas, pero ha subrayado que "no debe hacerse a costa de los escasos recursos de las familias y los estudiantes precisamente en un momento en que nos enfrentamos a una gravísima crisis económica".
La propuesta aprobada es para la reducción de los precios públicos de la primera matricula de grado y también para un precio máximo no superior al del último curso en las demás matrículas y másteres.
"Lo importante es llegar en 2022-23 a un precio máximo consensuado para cada comunidad que sea el índice de referencia en el futuro", recalcó el departamento de Castells en una nota.
La propuesta intenta limitar el nivel de precios por "el súbito incremento" en algunas comunidades a partir del 2011-12, al tiempo que reduce las disparidades de precios en la distintas comunidades. n
