En la llamada “Declaración de Granada”, de Julio de 2013, documento en el que queda fijada la política autonómica del PSOE, se advierten algunas contradicciones. Así por un lado se afirma: «Igualdad de derechos básicos de todos los ciudadanos, cualquiera que sea el lugar en el que residan. Sí a los legítimos hechos diferenciales, no a los privilegios o a las discriminaciones.» Está claro, los españoles, residan donde residan, no pueden disfrutar de diferentes derechos políticos. Pero en la misma declaración leemos: “Necesitamos modificar el control constitucional de las reformas de los Estatutos de Autonomía para que no se repita el hecho de que el Tribunal Constitucional anule parcialmente un Estatuto que ya ha sido votado por los ciudadanos”.
Es evidente que se trataba de un guiño a Cataluña para evitar que pudiera repetirse el hecho de que el Estatut de 2006, apadrinado por Zapatero («Aceptaré el Estatuto que envíe el Parlamento de Cataluña»), pudiera ser modificado como lo fue aquél. Pero tal y como quedaba redactado este punto suponía, nada menos, que hurtar al Tribunal Constitucional ejercer sus competencias como tal con carácter general en todo cuanto le atañe.
Quizá se dieron cuenta de que era un disparate y se matizó: «Efectivamente, uno de los primeros problemas que debe corregirse es la intervención del Tribunal Constitucional después del referéndum popular de aprobación de un Estatuto. Naturalmente no se trata de cuestionar, ni mucho menos de impedir, la intervención del Tribunal Constitucional para examinar la constitucionalidad de un Estatuto de autonomía, sino de ubicar el recurso y la sentencia con anterioridad a su sometimiento a referéndum. La recuperación singular y excepcional del recurso previo podría ser una buena solución».
Parece que los independentistas catalanes no se han fijado en que, en 1974, en el famoso congreso de Suresnes, los jóvenes Sevillanos, tras derrotar a Llopis, proponían nada menos que la autodeterminación de los diversos pueblos de España. Dice una de aquellas resoluciones: «Ante la configuración del Estado español, integrado por diversas nacionalidades y regiones marcadamente diferenciadas, el PSOE manifiesta que: 1) La definitiva solución del problema de las nacionalidades que integran el Estado español parte indefectiblemente del pleno reconocimiento del derecho de autodeterminación de las mismas que comporta la facultad de que cada nacionalidad pueda determinar libremente las relaciones que va a mantener con el resto de los pueblos que integran el Estado español. »
Es evidente que Suresnes queda muy lejos y que, en los últimos 44 años, el PSOE ha cambiado de equipaje varias veces en cuestiones entonces indiscutibles, como el marxismo como doctrina más que como método de análisis de la historia. Era entonces el PSOE partidario de la ruptura democrática y marcadamente republicano, cosa que hasta la misma ponencia constitucional mantuvo años después el recordado profesor Gómez Llorente.
Pero en 1979 Felipe González apuesta por el abandono del marxismo en el XVIII congreso, en mayo de ese año es derrotado, lo que le obliga a dejar la secretaría general, como en un anticipo de lo que años después le pasará a Pedro Sánchez. Pero en el caso de González, apenas unos meses después, e septiembre de ese mismo año, regresa triunfador en todos los frentes: se impone el abandono del marxismo y recupera la secretaría general en un congreso extraordinario. El PSOE dejó de ser un partido marxista y partidario de la autodeterminación de las viejas proclamas de Suresnes. En las elecciones de 1982, el PSOE renovado lograba una victoria total e irrepetible.
Sobre esto debería reflexionar Pedro Sánchez, aunque no es el mismo caso, y aprender de los propios riesgos a que con sus lances y cesiones ha llevado al PSOE, como quedó de en evidencia en la pérdida de votos en las pasadas elecciones andaluzas –ya que nadie duda que causó ese efecto- como la alarma de sus propios barones regionales sobre sus consecuencias que en el resto de España pueda tener su política con el nacionalismo catalán. El propio Felipe González se lo advirtió.
