Mucho se ha hablado y escrito sobre la llamada crisis del Estado del bienestar y sobre la emergencia de la sociedad del bienestar. El diseño y ejecución del Estado del bienestar, especialmente en su versión estática, ha fracasado como intento de mejora de la calidad del bienestar general de los individuos pues se ancló en un tecnosistema estático y cerrado que no fue capaz de activar la fuerza de las iniciativas sociales. Más bien, las aherrojó, las dominó, en un intento de situar en la cúpula a esa tecnocracia y burocracia que todavía hoy se resiste a abandonar numerosos privilegios y prerrogativas de difícil justificación. Sin embargo, en su definición, el Estado del bienestar, debe reconocerse, trajo algo positivo: una mayor sensibilidad frente a los problemas y conflictos sociales.
Sin embargo, la pasada por el intervencionismo, todavía en auge, está minando las pocas terminales sociales genuinas que operan con criterios de bien social y no de dependencia política. Hoy, más que transferencias entre poderes públicos, lo que habría que hacer es potenciar las comunidades sociales que aportan al interés general y despolitizar una realidad social que está secuestrada por una política que intenta controlarlo todo, y, sobre todo, por los presupuestos públicos.
Precisamos lo que algunos denominan sociedad del bienestar y que como dice Llano, puede despertar esas energías latentes en la sociedad recogiendo el dinamismo vital que surge del mundo real, de la vida misma, de la cotidianeidad espontánea. Se trata de avanzar, como señala este autor, hacia la activación de redes de solidaridades primarias y secundarias, para dotarlas de medios y competencias que hagan capaces de atender a indigentes, discapacitados, huérfanos o ancianos de una manera más humana. En esta hipótesis, los poderes públicos deben ampliar su presencia en el ámbito social pero sin actuar directamente, facilitando medios para que se vaya humanizando la atención a los marginados y excluídos. Se trata, nada menos que dar cumplimientoreal al artíulo 9.2 de la Constitución de 1978, que manda, como es bien sabido, promover las condiciones para la efectividad de la libertad y la igualdad de las personas y de los grupos en que se integran.
