Dicen que ya se encuentra entre nosotros la primera persona que vaya a cumplir ciento cincuenta años. Este tipo de aseveraciones pueden ubicarse en el terreno de la especulación, publicidad o incluso contener cierta dosis de ciencia ficción. Lo cierto es que esta supuesta esperanza de vida tendrá que complementarse necesariamente con los avances de la medicina regenerativa, ya que nadie querrá vivir tantos años postrado en la cama o conectado a una máquina. La ciencia deberá por tanto orientarse a mantener el funcionamiento sincronizado de todo el conjunto de tejidos a medida que nuestra esperanza de vida sea más longeva.
Lo cierto es que, si hacemos caso a las últimas estadísticas publicadas, la persona que elucubramos podría ser perfectamente gallega ya que España es el tercer país con la esperanza de vida más alta del mundo, por detrás de Suiza y Japón siendo, más concretamente, la comunidad de Galicia quien se lleva la palma.
En este contexto, nadie vería raro que otras Comunidades Autónomas quisieran imitar en lo posible los hábitos y condiciones que teóricamente hacen de los gallegos los que tengan la mayor esperanza de vida al nacer. Incluso no sería de extrañar que habitantes de tales territorios trasladaran sus domicilios allá donde la contaminación, el consumo de pescado o la huerta en propiedad permitieran prolongar su ciclo vital lo máximo posible. Se podría decir que Galicia presenta ventajas competitivas frente a otras Comunidades en materia de calidad de vida.
Siguiendo este razonamiento, podríamos pensar en la existencia o fomento de otras ventajas competitivas que pueda ofrecer adicionalmente Galicia o cualquier otra Comunidad Autónoma española. En materia fiscal, por ejemplo. ¿No sería pertinente fomentar una competencia fiscal entre regiones?
Hace solo dos días Ximo (a para los que lo prefieran Joaquín) Puig, presidente de la Generalidad Valenciana, ha advertido de que "propiciar esa competencia fiscal entre comunidades autónomas es absolutamente irresponsable, sobre todo teniendo en cuenta que nos estamos jugando el estado social y la igualdad entre españoles". Ya estamos con la estrategia del miedo.
Es evidente que negarse a tal posibilidad hace que no exista entre los cabecillas autonómicos ningún incentivo a administrar eficiente y diligentemente el gasto público. Si una autonomía tuviera superávit y decidiera bajar los impuestos a sus ciudadanos, tendría que continuar aportando al fondo de garantía el 75% de lo que haya ahorrado. Lo lógico sería que una autonomía que quiera gastar más, a quien debe que exigirles un mayor sacrificio fiscal es a sus habitantes, no a los del resto de España.
Lo cierto es que, si hacemos caso a las últimas estadísticas publicadas, la persona que elucubramos podría ser perfectamente gallega ya que España es el tercer país con la esperanza de vida más alta del mundo, por detrás de Suiza y Japón siendo, más concretamente, la comunidad de Galicia quien se lleva la palma.
En este contexto, nadie vería raro que otras Comunidades Autónomas quisieran imitar en lo posible los hábitos y condiciones que teóricamente hacen de los gallegos los que tengan la mayor esperanza de vida al nacer. Incluso no sería de extrañar que habitantes de tales territorios trasladaran sus domicilios allá donde la contaminación, el consumo de pescado o la huerta en propiedad permitieran prolongar su ciclo vital lo máximo posible. Se podría decir que Galicia presenta ventajas competitivas frente a otras Comunidades en materia de calidad de vida.
Siguiendo este razonamiento, podríamos pensar en la existencia o fomento de otras ventajas competitivas que pueda ofrecer adicionalmente Galicia o cualquier otra Comunidad Autónoma española. En materia fiscal, por ejemplo. ¿No sería pertinente fomentar una competencia fiscal entre regiones?
Hace solo dos días Ximo (a para los que lo prefieran Joaquín) Puig, presidente de la Generalidad Valenciana, ha advertido de que "propiciar esa competencia fiscal entre comunidades autónomas es absolutamente irresponsable, sobre todo teniendo en cuenta que nos estamos jugando el estado social y la igualdad entre españoles". Ya estamos con la estrategia del miedo.
Es evidente que negarse a tal posibilidad hace que no exista entre los cabecillas autonómicos ningún incentivo a administrar eficiente y diligentemente el gasto público. Si una autonomía tuviera superávit y decidiera bajar los impuestos a sus ciudadanos, tendría que continuar aportando al fondo de garantía el 75% de lo que haya ahorrado. Lo lógico sería que una autonomía que quiera gastar más, a quien debe que exigirles un mayor sacrificio fiscal es a sus habitantes, no a los del resto de España.
