Para acercarse al final de ETA es mejor hacerlo con certezas que con dudas acerca de cual puede ser el futuro de los restos de la organización terrorista y de sus presos. Sobre todo porque esas certezas son verificables, no solo porque forman parte de la historia, sino porque las que se proyectan hacia el futuro cuentan también con el consenso de los principales partidos aunque por cuestiones tácticas no todos aparezcan en la misma foto, ahora que ETA se desarma.
La primera certeza incontrovertible y de las que dimanan todas las demás es que ETA ha sido derrotada por el Estado de Derecho, por una sociedad democrática y madura que no ha pagado y no va a pagar ningún precio por la desaparición de la violencia. La segunda es que esos instrumentos que fueron decisivos para acabar con ETA, -policía, justicia, colaboración internacional y firmeza democrática- siguen perfectamente engrasados y seguirán actuando al margen de lo que decidan los restos de la banda terrorista, para aclarar los asesinatos pendientes y pasar al cobro todas las responsabilidades penales de quienes a lo largo de más de medio siglo causaron muerte y desolación. La tercera es que la política penitenciaria no va a cambiar hasta que se produzca la disolución definitiva y reconocida de ETA y los presos acaten la legalidad establecida sin ningún tipo de ventaja añadida, paguen sus deudas y reconozcan el daño causado, pero también sin que se les pueda exigir más que a cualquier otro preso común, que es lo que son. Cuarta, las víctimas y los partidos constitucionalistas no van a dejar que el relato de lo que ha pasado se pueda mixtificar, o que se aplique la equidistancia, como tantas veces han hecho los partidos abertzales y nacionalistas, entre víctimas y verdugos: el entorno de ETA tratará de justificar lo injustificable, les costará pedir perdón y reconocer su derrota, pero el hecho incontestable es que ETA, el terrorismo independentista e incluso su brazo político, han sido derrotados.
Con estos principios el hecho de que el paso del desarme de ETA tenga un componente propagandístico por la forma en la que va a ser realizado, no debe evitar concederle la importancia que tiene como antesala de su disolución. La forma en que la banda terrorista decida desaparecer es una cuestión que solo les compete a ellos y a la izquierda abertzale que es quien marca el paso, si antes no reciben un golpe definitivo, porque el Estado de Derecho no va a bajar la guardia. Y cuando el capítulo del terrorismo quede cerrado, faltarán por solventar las responsabilidades penales pendientes. Desde este punto de vista, el manifiesto de víctimas e intelectuales contra “un fin de ETA sin impunidad” es redundante porque para que eso no ocurra está implicado el Gobierno de la nación, los partidos que han sido víctimas del terror y la extorsión, y una sociedad que sabe muy bien lo que ha ocurrido y cómo ha pasado. Tampoco de la entrega de armas se va a seguir una actitud laxa con los presos etarras si antes no aceptan su reinserción individual.
Con todas las prevenciones y cautelas, el desarme “legal, completo, verificable y sin contrapartidas”, como lo califica el Gobierno vasco, es una buena noticia, un paso más para cerrar un capítulo de la historia de la infamia. Queda el definitivo, que no será el último, hasta que las víctimas obtengan la reparación que se merecen.
