val miñor

La biblioteca colisiona con un informe de legalidad

Los operarios desmontaron todos los elementos periféricos al edificio en construcción.
photo_camera Los operarios desmontaron todos los elementos periféricos al edificio en construcción.
La empresa Civil Global explicó que la adjudicación aparejaba la redacción de un estudio que resultó desfavorable.
nnn La finalización del edificio que albergará la futura biblioteca de Nigrán continúa a la espera de una nueva licitación que permita rematar el proyecto después de que Civis Global decidiese suspender la obra el pasado 14 de junio. Sin embargo las versiones ofrecidas tanto por el Concello como por la adjudicataria que motivaron la paralización de los trabajos son completamente contradictorias. Así pues si desde el consistorio las argumentaciones giran en torno a unos supuestos complementos sobre el contrato firmado inicialmente, la constructora por su parte asegura que el proyecto incumplía las normativas legales en seguridad, incendios, climatización o en las dimensiones del ascensor, entre otras. 
El alcalde  de Nigrán Juan González explicó que la empresa era conocedora al 100% del planteamiento ya que tras detectar una baja temeraria les solicitaron que explicasen punto por punto como podrían afrontar una rebaja de medio millón de euros en la ejecución de la obra respecto a las empresas competidoras. Sin embargo fuentes de Civis Global explicaron a Atlántico que la adjudicación llevaba aparejada la redacción de “un informe de legalidad en lo referente a estructura, instalaciones y mediciones, por una empresa externa”. Dicho documento fue precisamente el que desveló una serie de deficiencias que incumplían la legislación. “El informe se remató en enero de 2019 y automáticamente se envió al Concello. Éste reflejaba el incumplimiento de la normativa en varios puntos y era necesario modificar el proyecto”, explicaron fuentes de la constructora. Así pues desde Civis Global aclararon que enviaron “hasta 6 escritos” instando a la modificación del proyecto para adaptarlo a la legalidad, hasta que el Concello envió a la compañía la modificación del proyecto pero con una serie de cambios no contemplados y que fueron rechazados por la adjudicataria al entender que se habían saltado los cauces legales.    
“Ya el 14 de junio les trasladamos la imposibilidad de continuar con la obra al no respetar los imperativos establecidos, con lo que suspedimos el montaje de medios auxiliares corriendo desde ese momento con los gastos de vigilancia tras casi cuatro meses y por un importe que ronda los 12.000 euros”, explicaron, hasta que el día 1 de agosto el Concello rescindió la obra. 
Ya para finalizar desde la empresa quisieron recalcar que en ningún momento abandonaron ni renunciaron a la ejecución del proyecto, sino que las suspendieron y que fueron los responsables municipales los que optaron por rescindirla. n

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