El gobierno evalúa las consecuencias de su uso en zonas masificadas
Baiona sufre un nuevo varapalo en su intención de establecer medidas de control de aforo en sus playas. A pocos días de que el sistema de vigilancia aérea mediante drones entrase en funcionamiento, la visita inesperada de agentes del grupo Pegaso de la Guardia Civil truncó las intenciones de su implantación, al menos de manera inminente. Las razones responden a la incompatibilidad de uso de este tipo de dispositivos en zonas que registran una concentración considerable de personas, pese a que para este tipo de aeronaves a radio control no sea necesaria la posesión de la licencia de pilotaje avalada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en España, AESA, al no superar los 250 gramos de peso. Si bien es cierto que uno de los argumentos comerciales esgrimidos por las firmas que los suministran es que quedan exentos de la mayor parte de las reglamentaciones existentes dadas sus características técnicas, el primer problema que surge aquí es que dichas exenciones solamente afectan cuando están destinados a un uso recreativo y no profesional, como es este caso.
Por el momento el alcalde Carlos Gómez prefirió mantenerse cauto ante una decisión en firme, aunque adelantó que a lo largo de esta mañana se reunirá con un comité de evaluación para estudiar en qué medida tienen la posibilidad de solicitar una autorización especial para que sea pilotado exclusivamente por agentes de la Policía Municipal. De cualquier modo manifestó que volverá a concertar un nuevo encuentro con expertos legales en la materia para ahondar más en el supuesto vacío legal en el que se encuentran, con el fin de llegar a una conclusión en firme sobre si se exponen a posibles sanciones en caso de que los utilice el personal de playas. Todo apunta a que Nigrán, tras anunciar que también se servirían de esta tecnología desarrollada y cedida por la empresa DGH, tendrá que echar el freno para obtener un respaldo legal antes de sacar los drones a lo alto del cielo.
Por el momento el alcalde Carlos Gómez prefirió mantenerse cauto ante una decisión en firme, aunque adelantó que a lo largo de esta mañana se reunirá con un comité de evaluación para estudiar en qué medida tienen la posibilidad de solicitar una autorización especial para que sea pilotado exclusivamente por agentes de la Policía Municipal. De cualquier modo manifestó que volverá a concertar un nuevo encuentro con expertos legales en la materia para ahondar más en el supuesto vacío legal en el que se encuentran, con el fin de llegar a una conclusión en firme sobre si se exponen a posibles sanciones en caso de que los utilice el personal de playas. Todo apunta a que Nigrán, tras anunciar que también se servirían de esta tecnología desarrollada y cedida por la empresa DGH, tendrá que echar el freno para obtener un respaldo legal antes de sacar los drones a lo alto del cielo.
