El tribunal también lo ha inhabilitado durante ocho años para el desempeño de cualquier profesión u oficio relacionado con actividades de docencia o con impartir actividades deportivas a menores. Además, le ha impuesto el pago de una indemnización de 6.000 euros a la víctima y la prohibición de comunicarse por cualquier medio y aproximarse a ella durante ocho años, así como la medida de libertad vigilada durante cinco años, una vez cumplida la pena de prisión.
Los magistrados consideran probado que el acusado abusó sexualmente de la víctima durante dos clases que le impartió en su domicilio los días 5 y 12 de noviembre de 2018 con la excusa de mejorar su “expresividad”.
El tribunal destaca que “ningún elemento hay que permita concluir que la menor haya podido declarar por animadversión o enemistad con el acusado, con el que con anterioridad mantenía unas buenas relaciones”. Además, subraya que su versión está corroborada por elementos periféricos como las declaraciones de peritos y testigos.