La Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales alertó ayer de la reducción de la financiación estatal del sistema de dependencia que es en la actualidad "el valor más bajo de la historia" y de la acusada desigualdad territorial. La asociación sostiene que, según las certificaciones anuales de las comunidades autónomas en 2019 la inversión pública en el Sistema de Atención a la Dependencia fue de 8.607 millones, de los cuales las comunidades autónomas financiaron el 83,9% y la aportación estatal "se redujo en el 16,1%, el porcentaje más bajo desde el inicio de la ley, con 1.386 millones de euros". Así, el gasto medio por dependiente en 2019 fue de 7.948 euros, de los que la administración central asumió solo 1.276 euros para cada beneficiario de esta prestación, unos 106 euros al mes, la cifra más baja desde 2006.
Otro dato facilitado por los gerentes es que el gasto promedio por dependiente atendido en 2019, fue de 7.948 euros al año de los cuales, según los antedichos porcentajes, la Administración Central aportó solo 1.276 euros en concepto de nivel mínimo garantizado, de lo que se deduce que financia con 106 euros al mes por cada persona beneficiaria de la ley.
Los directores y gerentes aseguran que la financiación estatal se estancó tras los recortes de 2012 y ve "obvio" que "independientemente de la inestabilidad política alguien consideró otras prioridades". Según recuerdan los gerentes, se realizó este recorte apelando a circunstancias de "extraordinaria y urgente necesidad". En su opinión, "la aparente imposibilidad de atender a las personas más vulnerables está generando una situación tan cruel como la que provocó aquel decreto".
incremento de 600 euros
El proyecto de ley de presupuestos de 2021 que ayer aprobó el Consejo de Ministros incrementó el gasto para dependencia en 600 millones. Al respecto, los directores de servicios sociales lamentan que "toque otra vez conformarse con el anuncio del incremento presupuestario de 600 millones de euros para el próximo año". La asociación vaticina que el anuncio implicará --con el actual contexto de atenciones de muy baja intensidad-- un incremento del gasto público anual que, en justicia, deberían ser aportados íntegramente por la AGE para llegar así a una aportación global del 22% de la financiación pública, muy lejos aún del 50% previsto.
"Se debería considerar que esa inversión generaría 25.000 puestos de trabajo directos y que se obtendrían unos retornos de 240 millones de euros sin contar con los retornos inducidos", precisan.
Hasta que esto suceda, los gerentes lamentan, "a los atendidos insuficientemente, a los desatendidos y a los que incluso no han sido aún valorados, no les queda otra que seguir desapareciendo como hasta ahora, discretamente y en silencio".
"Cada ocho minutos muere una persona de las listas de espera"
El Observatorio constata que las comunidades que más invierten en dependencia por habitante y año son: País Vasco (368 euros), Extremadura (286) y Castilla y León (261). Y las que menos son Canarias (95 euros), Galicia (142) y Baleares (143). Además, incrementaron el presupuesto en el último año en mayor medida Baleares (un 32%), Comunidad Valenciana (18%) y Canarias (16%) y solamente Asturias redujo el presupuesto en el último año.
"El sistema se encuentra en retroceso y la lista de espera baja por los 43.275 fallecidos en las listas de espera de la dependencia en este año y existen 27.116 fallecidos en el "limbo de la dependencia", personas que tenían derecho a recibir una prestación y fallecieron sin recibirla y 16.159 que murieron a la espera de ser valorados", consideran."El resultado final es la imposibilidad para las comunidades autónomas de atender lo que tienen por delante, con una lista de espera de 234.000 personas valoradas como dependientes y otras 147.000 pendientes de valoración", denuncian.
Al respecto, el presidente de la asociación José Manuel Ramírez, declaró que no entienden que "si hubo criterios de extraordinaria necesidad para recortarlos en 2012 a través de un Decreto Ley, no haya criterios de urgente necesidad para incrementar los presupuestos vía Real Decreto". Además, planteó que en España "cada ocho minutos muere una persona en las listas de espera de la dependencia" y advirtió de que los Presupuestos Generales del Estado "como pronto se gestionaran cuando se aprueben".
