La multinacional del aluminio Alcoa comunicó al comité de empresa de su fábrica en San Cibrao, la comarca de la Mariña lucense, el inicio de un "período de consultas" para un "despido colectivo" de un máximo de 534 empleados por la "situación insostenible" que atraviesa esa factoría. La dirección de Alcoa propuso al comité de empresa abrir consultas durante tres semanas para analizar el futuro de la planta, los retos y las opciones y medidas a adoptar con la representación, indica en un comunicado.
La dirección de Alcoa precisa su intención de "no tomar ninguna decisión hasta que el periodo de consultas haya concluido". El motivo que han llevado a la multinacional a tomar esta decisión es la "serie de problemas externos de producción y de mercado que han hecho que la producción de aluminio primario sea ineficiente y la operación de la planta no sea competitiva". Entre esos problemas estructurales cita "los altos costes de energía y el bajo precio del aluminio que, junto con el exceso de capacidad global, han causado significativas pérdidas recurrentes, que se prevé que continúen" en los próximos meses.
El Ministerio de Industria invitaba por su parte a la dirección de Alcoa a que "reconsidere" su decisión, reclamó "corresponsabilidad" a la multinacional y le recordó que "ha tenido y sigue teniendo importantes ayudas públicas, condicionadas al mantenimiento del empleo".
Ayuda y corresponsabilidad
La ministra de Industria, Reyes Maroto, afirmó que Alcoa es una empresa que "ha tenido muchas, y sigue teniendo, ayudas públicas", por lo que ha pedido "corresponsabilidad" en un momento en que la pandemia de coronavirus ha abierto una crisis económica y social.
"España necesita construir un proyecto de país, Alcoa ha recibido muchas ayudas y le pedimos corresponsabilidad. Necesitamos más capacidad industrial, crear empleo", dijo la ministra.
El presidente del comité de empresa en San Cibrao, José Antonio Zan, reiteró que, en las actuales circunstancias, el Gobierno central debería estudiar una nacionalización como "primera opción" para salvaguardar los intereses de la fábrica y sus 534 empleados, asegurando que es futuro de la planta es "factible, es viable"”. Zan expresó sus discrepancias con el planteamiento de Alcoa sobre esa planta y pide a la Xunta y al Gobierno central que se "involucren". El Gobierno central "tiene un mecanismo que antes no tenía, que cuenta con la autorización de la Unión Europea, y que se llama intervención de empresas en riesgo de crisis", alegó el presidente del comité.
La representación de los trabajadores no acepta "ninguna de las medidas" propuestas por Alcoa ni los "parámetros" que justifican el cierre de la factoría, indicó Zan.
El conselleiro de Economía, Empleo e Industria, Francisco Conde, se limitó a responsabilizar al Gobierno central de "inacción" ante el posible cierre de la factoría de producción de aluminio primario. La decisión de Alcoa "responde a la falta de compromiso y respuesta por parte del Gobierno de España para establecer un precio eléctrico competitivo", según Conde. El representante del Gobierno gallego reiteró que "Francia o Alemania están apostando por la industria" y pidió una "rectificación" por parte del Ejecutivo central.
Caballero pide implicación
El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, demandó la “máxima implicación” de la Xunta y del Gobierno. Caballero se posicionó en contra de la decisión de una empresa que dijo ha recibido “ayudas multitudinarias” en los últimos años y que, por lo tanto, “tiene que mantener el empleo”. “No podemos asumir el anuncio de Alcoa sobre despidos y empleo”, sostuvo el dirigente socialista, que ha pedido a todas las administraciones que se impliquen para frenarlo.
En la misma línea que el comité de empresa, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, solicitó la nacionalización de la planta de Alcoa en A Mariña y la puesta en marcha de una tarifa eléctrica gallega para evitar el cierre de la factoría y la destrucción de "miles de empleos".
"Proponemos la intervención pública de la empresa, nacionalizar Alcoa para evitar su cierre y mantener la producción y el empleo", señaló Pontón.
Más el 30% del PIB de la provincia de Lugo en dos plantas
El complejo industrial de San Cibrao está compuesto por una planta de aluminio y una planta de alúmina, que emplean a 633 y 510 personas respectivamente. La reestructuración prevista en la planta de aluminio prevé operar "solo una parte de la fundición". Alcoa supone más del 30% del PIB de la provincia de Lugo y, además, entre empleo indirecto y directo dependen de la fábrica alrededor de 3.000 personas. Su actividad repercute en toda la economía de A Mariña especialmente en el comercio y la hostelería, según informaron ayer los sindicatos.
En 2019 Alcoa vendió sus plantas de A Coruña y Avilés a Parter, en un proceso también marcado por la incertidumbre sobre su futuro, ya que durante el estado de alarma Parter revendió a su vez estas fábricas a Grupo Industrial Riesgo.
Feijóo confía en el "margen" de un Gobierno central que "no ha hecho nada"
El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, criticó ayer que el Gobierno no haya actuado hasta ahora para evitar el cierre de la planta pero confía en que todavía tiene un "margen" de semanas para impedirlo. "Sigue habiendo un margen de semanas para evitar este golpe a más de 500 familias, a A Mariña, a Lugo y a Galicia. No están las cosas como para perder empleos que podrían salvarse", indicó Núñez Feijóo.
Feijóo reprochó además al Gobierno central que "tuvo más de un año para evitar el cierre de Alcoa y no lo hizo pese a sus promesas".
El secretario xeral del PPdeG, Miguel Tellado, cargó por su parte contra la "inacción" y el "silencio" del Gobierno que dirige Pedro Sánchez.
El presidente del PP, Pablo Casado, también lamentó el anuncio de Alcoa y recordó que en diciembre de 2019 y marzo de este año se reunió con su comité de empresa para exigir al Gobierno de Sánchez que "deje su sectarismo" y defienda la industria electrointensiva.
La Diputación pide que el Gobierno entre en el accionariado
El presidente de la Diputación de Lugo, el socialista José Tomé, pidió ayer al Gobierno central "estudiar entrar en el accionariado" de Alcoa con el fin de evitar los 534 despidos, tal y como hacen "otros países europeos como Francia y Alemania" para "reforzar" a empresas estratégica. El vicepresidente Pablo Iglesias escucho ayer en la Comisión para la Reconstrucción la petición de nacionalización lanzada por BNG y ERC, como solución para Alcoa y Nissan. "Son perfectamente posibles en la Constitución Española", recordaba en su intervención Pablo Iglesias.
