En el banquillo de los acusados se sientan 16 personas, que habrían estafado a más de 300 clientes
Los abogados de los acusados de la "Operación Trucarro", que investiga la venta a más de trescientos clientes de vehículos de ocasión con el cuentakilómetros trucado, pidieron ayer la nulidad de las escuchas telefónicas realizadas al principal responsable, Johann Grimm, y a los propietarios de los concesionarios. "Las escuchas han de declararse nulas en base al derecho al secreto de las comunicaciones y para no causar indefensión a mi defendido y a los demás acusados", declaró el abogado de Grimm, Evaristo Nogueira, en la primera jornada del juicio que se desarrolla en la Sección Sexta de la Audiencia de A Coruña, con sede en Santiago.
De este modo, el letrado también apuntó que, de declararse nulas las escuchas, tendría que realizarse "un análisis pormenorizado" para determinar "las consecuencias jurídicas" para el caso de la ausencia de esta prueba, ya que "provocaría un efecto dominó" que afectaría a todas las acusaciones. Nogueira también criticó que a su cliente se le ofreció la posibilidad de llamar a un abogado cuando se produjo el registro de su taller y, a pesar de haber solicitado la asistencia de un letrado de su confianza, le fue asignado uno de oficio.
Por su parte, el abogado de uno de los empleados de Grimm, Manuel Ferreiro, se sumó a esta reivindicación y precisó que "las escuchas provienen de una causa anterior y no constan las autorizaciones judiciales necesarias". "Mi cliente no tenía conocimiento de que los concesionarios pudieran ocultar a los compradores la alteración del kilometraje; alterarlo no es ilícito, sólo lo es cuando se hace para estafar a alguien", concluyó Ferreiro.
La instrucción del caso, que recoge hechos que tuvieron lugar entre 2006 y 2008, duró cerca de diez años debido a la gran cantidad de tasaciones y comprobaciones que ha sido necesario realizar, ante lo que la Fiscalía ha apuntado que a la petición de pena de todos los acusados se le aplicará una atenuante por dilación indebida. Este dilatado proceso ha llevado a que 174 perjudicados hayan llegado a un acuerdo de conformidad con sus estafadores, de modo que ayer estaban llamados a comparecer dieciséis de los acusados -Grimm, sus cuatro empleados y los responsables de siete puntos de venta de vehículos-, de los cuales dos no se presentaron.
Estaba previsto que el juicio que comenzó ayer se celebrase el 15 de marzo de 2018, pero no pudo ser desarrollado entonces debido a la huelga de la Administración de Justicia. El largo proceso de instrucción ha llevado también a que uno de los perjudicados haya fallecido antes de la celebración del juicio.
