El Gobierno prevé aprobar hoy el ingreso mínimo vital, que tendrá carácter "permanente y habitual" tras su visto bueno en un Consejo de Ministros extraordinario. El Ejecutivo calcula que la ayuda, de carácter mensual, llegará en un primer momento a unos 100.000 hogares para que parte de las familias españolas más vulnerables puedan empezar a cobrarla, de oficio, en junio. Las perspectivas son que alcance a unas 850.000 familias de toda España, lo que equivale a 2,3 millones de personas. En Galicia se estima que podría alcanzar a unas 50.000 y en Vigo y la provincia de Pontevedra llegaría a 15.000 hogares, unas 45.000 personas: los casi 5.000 que suman menos de 400 euros al mes y en diferente proporción los 11.000 que no alcanzan los 600 euros de media. De Vigo serían alrededor de un tercio. Será compatible dicha ayuda con otras que ya prestan las comunidades autónomas, como en Galicia la Risga. En la actualidad hay 2.427 personas beneficiarias de la renta de integración social en Vigo, el doble que en A Coruña, en gran parte mujeres que viven solas con sus hijos y que carecen de ingresos. Cerca de tres mil vigueses cobraban la Risga en el 2016. La cuantía media en la comunidad gallega es de 450 euros y la inversión en Vigo de la Risga -que abona la Xunta- llega a 12,4 millones de euros.
En la nueva renta mínima, la base partirá de 461 euros, el nivel de ingresos que el Estado se ocupará de complementar. Si una persona que vive sola ingresa 200 euros al mes con un trabajo a tiempo parcial, la renta mínima que recibirá del Estado será de 261 euros, por ejemplo.
Para poder solicitar esta renta se considera que en una unidad de convivencia se da una circunstancia de pobreza cuando el promedio mensual del conjunto de ingresos y rentas anuales correspondiente al ejercicio anterior al año en el que se presenta la solicitud sea inferior a la cuantía mensual de la renta garantizada que corresponda en función de la modalidad y composición de la unidad de convivencia. Así, se otorgará teniendo en cuenta la renta familiar, calculada en función del patrimonio neto, menos la deuda y excluida la vivienda habitual, aunque sí se tendrá en cuenta el valor del piso. El umbral de renta y patrimonio que se fijará se estructurará en función de distintas tipologías y la ayuda irá destinada, sobre todo, a aquellos "hogares con un ingreso por unidad de consumo inferior a unos 230 euros al mes", en palabras del ministro.
La renta mínima vital se trata de una prestación de la Seguridad Social, entidad que se encargará de tramitar las solicitudes y controlar el cumplimiento de las condiciones de la ayuda.
Varios tipos de hogares, y 3.000 millones al año vía Presupuesto
nnn Los primeros beneficios del ingreso mínimo vital empezarán a cobrar la prestación a finales de junio, según el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. "Estamos trabajando intentando definir bien los hogares que son beneficiarios para, desde los primeros días de junio, que haya un porcentaje significativo que pueda recibir la prestación sin tener que pedirla, para después hacer una declaración responsable y contrastar la información", explicó Escrivá en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press.
El decreto recogerá una tipología de 12 a 14 hogares y se pondrá el foco en particular en los hogares monoparentales por su especial vulnerabilidad y que ha cifrado en unos 100.000. El titular de Inclusión hizo hincapié en otro de los objetivos del ingreso mínimo vital que se aprueba hoy y es que sea una prestación dinámica para lo que se han diseñado instrumentos como "itinerarios de inclusión, incentivos para ampliar el número de horas de trabajo o alcanzar un trabajo" con el fin de que la renta no sea disuasoria de continuar buscando un empleo.
"Hemos hablado con empresarios y tercer sector porque este es un elemento que había que diseñar muy bien, como está muy bien diseñado en países nórdicos, donde tienen prestaciones más generosas y no se desincentiva la búsqueda de trabajo", expuso Escrivá.
Según el ministro, el Gobierno estima que el coste de la renta mínima se elevará a unos 3.000 millones de euros al año que serán financiados con cargo a los presupuestos generales del Estado. "Hemos llegado a acuerdos con los gobierno autonómicos para que el ingreso mínimo engarce con sus programas y el suyo sea el último nivel de protección", dijo.
