Hay una carga emocional importante en el último caso de eutanasia dado a conocer profusamente por todos los medios de comunicación de nuestro país. María José Carrasco y Ángel Hernández nos han conmovido a todos. Asesorados por la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) se filmaron los últimos momentos, y de esa forma se ha contado con una información detallada sobre este triste y emotivo suceso.
Las reflexiones éticas, filosóficas y jurídicas sobre la vida, la muerte y el sufrimiento que suscitan este caso y otros similares son muchas y profundas. Sin embargo, la Asociación Gallega de Bioética (AGABI) quiere centrarse ahora únicamente en un aspecto: “la eutanasia puede hundir sus raíces en la organización y las prácticas del sistema de salud”. La carta escrita por Ángel, la consideración de DMD de que el trato que han recibido por parte de la Comunidad de Madrid en lo que se refiere a paliativos no fue el correcto, y posteriores datos conocidos así lo ratifican. Ese cuerpo social en su conjunto fracasó en su misión: fue incapaz de proporcionar a María José y a su marido –no consta que hubiese más familiares implicados en este caso –los medios sanitarios de acompañamiento para aliviar el dolor y el sufrimiento, conseguir un funcionamiento mínimo del cuerpo en la medida de sus posibilidades, el apoyo psicológico y espiritual necesarios para tratar de evitar que la paciente cayese en la depreciación de sí misma, hasta el punto de pensar que era un ser inútil, una carga y un estrobo insoportables para los demás, una persona incapaz de nada positivo, y en la soledad suya y de su cuidador. En definitiva, han fallado aquí los cuidados paliativos: tratar el dolor y restaurar la propia imagen. El testimonio de los expertos es que lo que lleva a los pacientes a pedir la muerte es, en la mayoría de los casos, una demanda de alivio del dolor y del sufrimiento físico y psíquico, una demanda de dignidad y compañía, una petición de “calidad de relaciones”.
El asunto colea desde hace varios años. Así lo muestra la Declaración sobre la eutanasia de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL), dirigida a los máximos responsables de la gestión sanitaria tanto en el ámbito Estatal como en el de las Comunidades Autónomas en 2002, que en su punto 17 declara: «Somos conscientes de que actualmente no es posible alcanzar un acuerdo social sobre la valoración ética de la eutanasia, pero sí podría haber un consenso en torno a algunas recomendaciones y medidas normativas que promuevan y garanticen a todos los ciudadanos sin discriminación alguna y en la práctica, el derecho a recibir los mejores cuidados al final de la vida. Por ello, la SECPAL propone:
a) Garantizar que en los programas de formación de los profesionales de la salud se incluyan contenidos de cuidados paliativos y bioética como áreas de conocimiento obligatorias y evaluables.
b) Desarrollar programas de cuidados paliativos que integren la atención primaria con la hospitalaria en todo el territorio del estado español.
c) Legislar un equivalente a la baja laboral para el familiar cuidador del enfermo en situación terminal.
d) Promover medidas fiscales y sociales que fomenten la atención domiciliaria del enfermo en situación terminal.
e) Impulsar la divulgación social de los cuidados paliativos y de la solidaridad con el que sufre, como seña de identidad de la calidad moral de una sociedad».
AGABI subscribe íntegramente esos puntos, que siguen teniendo plena actualidad, y lo hace con el pleno convencimiento de que desarrollar equipos e investigación, dotar de medios en los cuidados paliativos, y legislar sobre esta materia es primordial y previo al debate y la legislación sobre la eutanasia. Los datos y la experiencia enseñan que los cuidados paliativos se ven gravemente comprometidos o anulados con la eutanasia legalizada. En los países en que esto ha ocurrido, el Estado se ahorró importantes gastos en el cuidado de este tipo de pacientes, pero utilizar a las personas con criterios utilitaristas no solo es éticamente intolerable sino también un completo desprecio por la dignidad de la persona humana.
