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21% de IVA a la Educación, un atropello a las familias

Cartas al director

21% de IVA a la Educación, un atropello a las familias

 La pandemia que estamos sufriendo está teniendo efectos demoledores en todos los aspectos de nuestra vida. La propuesta del Gobierno de imponer un IVA del 21% a la Educación Concertada y Privada es la puntilla que se suma a las muchas dificultades que se ciernen sobre la sociedad española a raíz de la crisis sanitaria y la crisis económica derivada de ésta.
Actualmente, la Educación tiene la consideración de servicio público esencial, por eso está exenta de IVA, no sólo en España, sino en toda la UE. Este anuncio vulnera el derecho de las familias a elegir la Educación que prefieran para sus hijos, con arreglo a sus convicciones, recogida en el art. 27 de nuestra Constitución.
Un IVA del 21% afectará a la Educación Infantil (de 0 a 3 años), al bachillerato en los centros concertados y a todos los niveles en los centros privados. También gravará las actividades y servicios que hacen viable la conciliación familiar y laboral: comedor, actividades extraescolares y escuelas de idiomas, música o deportivas. Esto atenta contra la conciliación familiar y laboral, dado que las restricciones para prevenir la propagación del Covid-19 desaconsejan el apoyo de los familiares en la atención de menores.
Recaerá sobre las familias de los alumnos que necesitan apoyo extraescolar y a los que tengan necesidades educativas especiales, ya que encarecerá los servicios de logopedas, fisioterapeutas, orientadores, psicólogos, etc. Igualmente, se aplicará este impuesto a la formación no reglada, lo que, sin duda, será un duro golpe para las personas que necesitan formarse para encontrar empleo o como reciclaje profesional, preparar oposiciones, etc.
Esta decisión, perjudicial por donde se mire, más allá de su afán recaudatorio, carece de base natural: la Educación es uno de los pilares del progreso de cualquier Sociedad. Atenta contra la estabilidad económica y emocional de las familias. 
A todas luces es injusta y discriminatoria, y ha sido anunciada sin tener en cuenta a los sectores afectados.
Queremos recordarle al Gobierno que el coste por puesto escolar en la Educación Concertada está por debajo del 50% del precio de la escuela pública. Somos los mismos profesores y centros que, en los últimos 30 años, han soportado la relación alumnos aula/profesor más alta de nuestra historia reciente (entre 40-50). Desde la década de los 80 al presente, hemos arrimado el hombro para contribuir a formar a las futuras generaciones. Lo hemos hecho con vocación de servicio, sin queja alguna, con la mejor voluntad; en muchos casos, sin ayuda de las Administraciones competentes.
No merecemos este trato. Tampoco las familias, especialmente las que tienen menos recursos, muchas de ellas con sus ingresos reducidos por ERTES y con un futuro laboral sumamente incierto. Sería un caso único en el seno de la UE, un antecedente dramático que compromete la formación de los ciudadanos del futuro, que amenaza directamente nuestro desarrollo y progreso como sociedad.
Por todo ello agradecemos y esperamos del Gobierno y en particular de su Presidente, que no empeore la situación de las familias con este nuevo impuesto.