n n n El Congreso de los Diputados aprobó ayer con el rechazo de PP y Vox la ley de la eutanasia, una norma que permitirá que las personas con una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante puedan solicitar ayuda médica para morir.
“Unos cuidados paliativos de alta calidad y con recursos asociados resolverían muchas cosas, esta ley es empezar la casa por el tejado”. Es la opinión de Jaime Fandiño, anestesiólogo y miembro de la Comisión de Ética y Deontología del Colegio de Médicos de Pontevedra. Fandiño explica que la ley regula una prestación que se va a realizar en los centros sanitarios de toda España y que tiene gran trascendencia, pero fue promovida por el Ministerio de Justicia sin la participación del Ministerio de Sanidad y sin consultar con el Comité de Bioética de España, la organización médica colegial o los colegios de enfermería. “No debería ser un debate político de derechas contra izquierdas, de laicos contra religiosos. Se tenía que haber llegado a un consenso o incluso plantear una consulta popular a la población”.
A su juicio, muerte digna no es solo eutanasia, que puede ser complementaria y tener su papel, pero que se evitaría en buena parte de los casos con “unos cuidados paliativos de alta calidad, con recursos sociales, acompañamiento de las familias, que eviten el encarnizamiento terapéutico, respetando que puedan rechazar ciertos tratamientos o ciertas medidas de soporte (ventilatorio o de nutrición) y dándole un ambiente agradable”.
Junto a esto, propone un mayor desarrollo del documento de instrucciones previas, en el que se indica al médico de cabecera como quieren ser tratados cuando no están en condiciones de decidir.
El anestesiólogo vigués apunta además que esta ley puede dejar a los mayores en situación de mayor vulnerabilidad en algunos casos.
La ley es de obligado cumplimiento y las comunidades autónomas deben aplicarla. Sin embargo, los médicos tienen el derecho a acogerse a la objección de conciencia (negarse a atender demandas que van en contra de sus convicciones) y se pregunta por qué debe recaer en ellos dar una medicación para quitar la vida y no en otro tipo de profesionales, como sucede por ejemplo en Estado Unidos con la pena de muerte donde el que ejecuta es un técnico. Preguntado por las cuestiones éticas ligadas a la profesión, explica que un artículo del Código Deontológico dice que el médico no debe provocar intencionadamente la muerte de ningún paciente ni siquiera en el caso de que se solicitado de forma expresa por parte de esta persona.
“Un retroceso moral”
Para el profesor del Instituto Teológico de Vigo Guillermo Juan Morado la ley supone un “retroceso significativo en el plano moral” y señala que “es siniestro que se proponga la eutanasia como respuesta al dolor y al sufrimiento cuando estamos inmersos en una pandemia que llevó a la muerte a muchos ancianos y a otras personas especialmente vulnerables. Morado defiende la protección de la vida humana en la línea del Comité de Bioética de España y aboga por “universalizar los ciudados paliativos, con apoyo sociosanitario, la ayuda a la discapacidad, la ética del cuidado y la solidaridad intergeneracional”. Rechaza que se ofrezca la eutanasia como un recurso del sistema sanitario porque “es un paso más hacia la consolidación de la cultura de la muerte” y cree que va a crear desconfianza en la relación médico-paciente. Por otro lado, el sacerdote vigués lo ve inmoral y que esto no cambia aunque figure en una ley. Asegura que la auténtica compasión ayuda al enfermo y no busca su muerte. Por último, Guillermo Morado apela a la objección de conciencia y defiende el recurso a los cuidados paliativos.n
