Un técnico de emergencias sanitarias fue agredido antela puerta de Urgencias del Hospital Povisa por un familiar del pacienteal que había trasladado.
Los hechos ocurrieron el pasado día 1 de julio, según aseguró la Asociación Profesional de Técnicos de Emergencias Sanitarias e Xestores de Emergencias de Galicia.
El colectivo aseguró que el pasado sábado se registró otra agresión, también por familiares de pacientes, en Ponte Caldelas. Los profesionales esperaron más de 2o minutos por las Fuerzas de Seguridad y se acabaron marchando con la paciente al hospital. Uno de los técnicos tuvo que ser atendido en Urgencias. Añadem que se está produciendo un incremento de las agresiones que padecen tanto verbales como físicas.
La asociación atribuye esta situación a la precariedad del servicio en la asistencia urgente del 061. “En los últimos tiempos los técnicos de emergencias sanitarias tenemos que pagar las consecuencias de la precariedad de este servicio urgente en Galicia, dando la cara ante pacientes y familiares que desgraciadamente sueltan contra nosotros toda su ira y desesperación ante la tardanza de las ambulancias”. Lamentan que los usuarios no se quejen ante quien tiene la culpa de esta precariedad y critican “el descontrol y la falta de filtro adecuado en la Central de Coordinación de Urgencias Sanitarias del 061, y la falta de educación a la población a la que se ‘vende’ una asistencia inmediata a la puerta de su domicilio para cualquier patología, por muy banal y absurda que sea”. Por otro lado, reclaman un protocolo de actuación de acuerdo con las Fuerzas de Seguridad y una reunión con la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia. Una de las propuestas que plantean es que les consideren “autoridad pública” como personal sanitario de empresas privadas que trabajan al servicio de la Administración para sentirse más protegidos.
Ocho de cada diez profesionales sanitarios, la mayoría mujeres, aseguran haber sido víctimas de agresiones físicas o verbales en los últimos cinco años en su puesto de trabajo, aunque solo la mitad de ellos lo ha denunciado, según una encuesta del sindicato CSIF.
