El establecimiento por el Gobierno de un mecanismo de pago por el uso de la red estatal de alta capacidad (autovías y autopistas) a partir del año 2024, pero que también contempla la posible extensión de ese peaje a todas las carreteras de gran capacidad del país, tanto nacionales como regionales, cuenta con un “no” enorme y unánime desde los sectores empresariales, sindicales y también desde la propia sociedad viguesa aunque como reconocía Ramón Alonso, presidente de los transportistas de la provincia. Se trata de “algo más que una amenaza, está ya por escrito y con plazos”, avisa Alonso, que lleva años con la amenaza encima de su sector, que sería el más perjudicado, dentro de un efecto dominó que multiplicaría el precio de los productos. Para el sector del transporte, podría suponer abonar hasta 20 euros para ir por la A-52 desde Vigo hasta Ourense, y entre cuatro y ocho para los coches privados (aunque ayer se planteaba 1 euro para el mismo recorrido a 1 céntimo por kilómetro). Ir hasta Madrid exigiría un pago entre 6 y 30 euros. Los precios son todavía estimativos y dependen de varios factores. Pero las comunicaciones dentro de la comarca de Vigo se encarecerían con una tasa para ir a Mos, Porriño o Ponteareas y también al Baixo Miño o Portugal.
Desde la Confederación provincial de Empresarios su vicepresidente, Javier Touza, también titular de la Cooperativa de Armadores, advierte de que una medida así tendría un efecto nefasto en Galicia, donde existe una importante discriminación con las autopistas con respecto a otras zonas de España donde se pueden hacer largos trayectos a coste cero. “El peaje supone una pérdida de competitividad sobre otros territorios donde no hay por cuanto afecta a los costes. Especialmente en Galicia, en la esquina de Europa se paga más, cuando debería ser al revés debería haber una discriminación positiva hacia territorios que necesitan buenas infraestructuras”, señala Touza. La llegada de una nueva tasa no haría sino empeorar la situación. “Hay acuerdos para reducir progresivamente los peajes, especialmente en el caso de vehículos pesados y abogamos por la reducción del pago, lo que redundaría en la competitividad y por tanto en aumentar la generación de riqueza”, señala. Lo mismo dice Patricia García, presidenta de Círculo de Empresarios: “Sin duda, es un suculento medio para incrementar recursos dirigidos al mantenimiento y mejora. Y teóricamente, solo teóricamente, paga quien las utiliza. Pero es un sobrecoste para transportistas, y corremos el riesgo de que suframos una subida en los precios y, por tanto, repercutirá en la cesta de la compra”.
El vigués Juan Vietes, presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia y secretario de la asociación de conserveros Anfaco, rechaza con contundencia la medida por su impacto sobre los consumidores y las economías domésticas. Tendrá una entrevista con la ministra de Trabajo, la gallega Yolanda Díaz, a quien expondrá la posición de la patronal gallega en este aspecto que en su opinión afectaría directamente al empleo. Es la misma opinión que En Colectivo. La asociación de consumidores que pilotó la -frustrada- acción contra los peajes de Audasa durante las obras en Rande mantiene su posición: un peaje en carreteras y autovías supondría un problema añadido al que ya sufre Galicia con la AP-9, la autopista más cara de España y la que articula las relaciones entre el Norte y el Sur de la comunidad. “Ahora pasaría lo mismo hacia Madrid, impensable”, señala Diego Maraña, presidente de la entidad.
Los sindicatos avisan del efecto sobre la logística
Desde los sindicatos, el secretario comarcal de CIG, Alberte Gonçalves, señalaba ayer que una medida así sería inaceptable: “Cuando aún no logramos liberarnos de la estafa diaria de los peajes de la AP9 ahora el Gobierno amenaza con cobrar por circular en las autovías y carreteras. Es una medida abiertamente antisocial, cuando esas infraestructuras ya están financiadas a cargo de impuestos”, señaló. El responsable sindical añadió que se pretende imponer un peaje que será igual para las rentas más bajas que para las más altas. “Causa bochorno ver a un gobierno de PSOE y Podemos que se dice el más progresista de la historia, reproducir el argumentario más reaccionario de la derecha neoliberal. ¿Pero qué es eso de quien pague quien use? ¿Van a aplicar también esa regla para los tratamientos contra el cáncer? Donde está la solidaridad?”, alertó.
Por otra parte, alertó del impacto que puede tener en la base productiva unos peajes que incrementarán los costes logísticos, en un contexto de crisis como lo que estamos viviendo. "Desde la CIG queremos denunciar el cinismo del Gobierno que anunció que los fondos de recuperaciones no eran un rescate condicionado, y ahora vemos como por la puerta de atrás, con absoluto oscurantismo, remiten a la UE paquetes de medidas regresivas y antisociales. No vamos a permitir un nuevo saqueo, esta medida va a ser especialmente lesiva para Galicia, por la dispersión geográfica y la necesidad de utilización de las autovías en ámbitos como el área de Vigo".
