Una sentencia de un juzgado de Vigo contra 18 vecinos, entre las primeras por sedición
La reciente condena del Tribunal Supremo contra los nueve líderes independentistas catalanes por sedición y que ha impuesto penas de entre 9 y 13 años cuenta con un precedente en la jurisprudencia viguesa. La sentencia del juzgado de lo Penal 1 de Vigo dictada en 2011 es una de las primeras impuestas por este delito en España, que apenas cuenta con precedentes.
Un total de 18 vecinos de la parroquia de Chandebrito, en Nigrán, fueron condenados a penas de cinco meses de prisión por un delito de resistencia grave y multas de entre 360 y 600 euros por sedición.
Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del 1 de julio de 2001. Un grupo de 60 vecinos se concentraron de madrugada ante la casa de otra vecina para reclamar que liberase a un menor que la mujer había pillado en su finca tras tirarle petardos y que entregó a la Guardia Civil.
Durante ese episodio se produjeron una serie de altercados, que la jueza en su sentencia dejó reflejado asegurando que “todos y cada uno de los que aparecen en la lista de identificados en la concentración tenían actitud agresiva y amenazante” y aunque no se pudiera discernir exactamente la actuación concreta de cada uno, “era un conjunto de personas con un interés único”. Así, señala que los participantes desobedecieron a los agentes, estaban exaltados y vivieron una situación “angustiosa y desbordante” tanto ellos como los denunciantes.
Admitió la titular las atenuantes de dilaciones indebidas y reparación del daño tanto en el delito de resistencia como en en el de sedición, como alteración del orden, por lo que en lugar de prisión impuso multas económicas.
La Fiscalía que solicitaba para los casos más graves entre 6 y 10 años de cárcel, ya rebajó la pena en un grado para el delito de sedición por las atenuantes.
Un total de 18 vecinos de la parroquia de Chandebrito, en Nigrán, fueron condenados a penas de cinco meses de prisión por un delito de resistencia grave y multas de entre 360 y 600 euros por sedición.
Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del 1 de julio de 2001. Un grupo de 60 vecinos se concentraron de madrugada ante la casa de otra vecina para reclamar que liberase a un menor que la mujer había pillado en su finca tras tirarle petardos y que entregó a la Guardia Civil.
Durante ese episodio se produjeron una serie de altercados, que la jueza en su sentencia dejó reflejado asegurando que “todos y cada uno de los que aparecen en la lista de identificados en la concentración tenían actitud agresiva y amenazante” y aunque no se pudiera discernir exactamente la actuación concreta de cada uno, “era un conjunto de personas con un interés único”. Así, señala que los participantes desobedecieron a los agentes, estaban exaltados y vivieron una situación “angustiosa y desbordante” tanto ellos como los denunciantes.
Admitió la titular las atenuantes de dilaciones indebidas y reparación del daño tanto en el delito de resistencia como en en el de sedición, como alteración del orden, por lo que en lugar de prisión impuso multas económicas.
La Fiscalía que solicitaba para los casos más graves entre 6 y 10 años de cárcel, ya rebajó la pena en un grado para el delito de sedición por las atenuantes.
