El forense y criminólogo Aitor Curiel declarará el próximo 8 de junio ante el Juzgado de Instrucción 2 de Tui, para ratificar su informe médico legal pericial sobre las causas de la muerte de la joven viguesa Déborah Fernández, cuyo cadáver apareció en una cuneta en O Rosal en 2002. La decisión, anunciada ayer por la familia, ha sido acogida con satisfacción y sorpresa, ya que la instructora había denegado en su momento la opción de que el experto pudiera explicar en sede judicial sus rotundas conclusiones respecto a que la joven fue víctima de una agresión violenta. La defensa del investigado también se había opuesto a esta declaración, alegando que dicho experto no estuvo presente en el examen del cadáver hace dos décadas donde sí estuvo un perito de parte.
La decisión de la jueza se produce después de que el equipo legal de la familia presentara un escrito en el que lamentaba que a estas alturas la Fiscalía pudiera volver a dudar de la etiología homicida de la muerte y solicitaba una explicación sobre por qué Déborah apareció 10 días después de su muerte a más de 50 kilómetros de donde desapareció, desnuda, con el cuerpo lavado y con esperma vivo.
El retroceso en una causa judicial que busca avanzar cayó como un jarro de agua fría entre la familia de la víctima. Su hermana Rosa visitaba por primera vez el lugar donde fue apareció el cuerpo en el último aniversario de la desaparición. Tal y como aseguraba a este periódico desde la cuneta de la antigua C-550, “estaba todo muy pensado”.
El informe elaborado por este forense y que coincide con la opinión de otros cuatro expertos descartaba de forma tajante la muerte súbita y afirma que el asesino le tapó la boca y nariz al tiempo que le oprimía el pecho bien al colocarse encima de ella, bien haciendo presión con su rodilla. “Estamos ante una muerte violenta anóxica, probablemente por la obstrucción de los orificios y al menos parcial comprensión torácica-abdominal”. Ese mecanismo se habría llevado a cabo utilizando bien un objeto blando como una almohada o cojín, como recogía también el propio atestado policial de 2010, bien cubriendo las vías respiratorias con una bolsa de plástico, que tampoco dejaría huellas al mismo tiempo que le oprimía el pecho. La distinta coloración de las zonas del cuerpo de la víctima según las imágenes de la autopsia que fueron remitidas por el Imelga explicarían a juicio de este forense la agresión.
Pero además, el informe recoge que el cuerpo presentaba múltiples lesiones “traumáticas vitales”, dos de ellas producidas antes de morir, que se situarían en la cara interior de los muslos, brazo izquierdo y antebrazo derecho y que corroborarían que Déborah trató de defenderse de la agresión.
La autopsia además constató que no había signos en el corazón de Déborah, ni antecedentes familiares ni otros rastros que pudieran apoyar la muerte súbita, una de las posibilidades junto con la muerte por sofocación inducida que incluía el primer informe de 2002.
El propio Aitor Curiel, en unas declaraciones recientes, aseguraba que los informes forenses tienen que interpretarse junto con el resto de pruebas policiales.
Los abogados de la familia solicitan una nueva prueba de ADN del investigado
El equipo legal de la familia de Déborah ha solicitado una nueva muestra de ADN del exnovio de la joven y único investigado en la causa. La razón alegada para pedir esta diligencia se basa en que, según informaron los abogados, la extracción realizada en 2002 no está documentada y carece de cadena de custodia y la que se le tomó en 2010 no se envió a analizar.
La petición llega después de que en los más de tres años desde la reapertura judicial del caso, la investigación hiciera tambalear la cadena de custodia de otras pruebas clave como la recogida del disco duro del ordenador de la joven o del teléfono móvil, cuya existencia era un misterio hasta septiembre del pasado año.
Curiosamente, el agente que recogió el disco duro del ordenador, y sobre el que el informe los de los peritos de Lazarus Technology concluyó que fue manipulado, fue uno de los nombres que salió en las peticiones de un partido para declarar en la comisión del Congreso sobre el caso “kitchen” contra Villarejo, como comisario coordinador de la Jefatura de la Casa Real. Tampoco declarará por el caso Déborah, pues la petición para que lo haga, en este caso, fue denegada. No obstante, la instructora en un cambio de timón ha decidido que comparezca el perito Aitor Curiel. Será un testimonio por videoconferencia igual que el que realizó recientemente la lingüista forense, Sheila Queralt, para ratificar el informe que realizó sobre la declaración del sospechoso en sede judicial. Se da a circunstancia de que las conclusiones de Curiel fueron clave en su día para acordar la exhumación del cadáver de Déborah, que llevó a cabo hace más de un año.
La Policía tendrá que explicar el informe sobre el teléfono móvil
Otra de las resoluciones judiciales tiene que ver con la falta de explicación por parte de la Policía al examen visual del teléfono móvil de Déborah en 2002. El juzgado accedió a que se lleven nuevas pesquisas respecto a la información que consta en el diario de gestiones y que hacía referencia al correo electrónico del terminal, cuando no fue hasta un año después cuando se implantó esta tecnología en los teléfonos y solo en una determinada marca que no era la del de Déborah. El oficio policial no fue capaz de dar una explicación al respecto. Ahora, tendrá que investigar qué ocurrió.
