La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xusticia de Galicia ha confirmado la pena de 41 años de cárcel para el hombre que asesinó a un joven en la noche de San Juan de 2017 en la playa de Arealonga, en Chapela, de un disparo a quemarropa.
José Luis Luna fue sentenciado por la Audiencia de Pontevedra a 24 años de prisión como autor de un delito de asesinato, a 10 años por intentar asesinar a otro joven y a otros cinco años por intento de homicidio a los dos agentes de la Policía Nacional que lo detuvieron.
Además, le impusieron dos años de cárcel por cometer un delito de tenencia ilícita de armas.
Los magistrados del alto tribunal gallego han desestimado el recurso de apelación interpuesto por la defensa, que alegaba que su cliente no intentó disparar a los policías.
Señalan que “no ha explicitado en modo alguno cuál otra podría haber sido la intención del condenado al meter la mano en el lugar donde tenía el arma, desoyendo el requerimiento de los agentes, quienes portaban sus armas reglamentarias”. El tribunal considera que “no hay explicación alternativa mínimamente razonable que justifique ese proceder más allá de la que se ha tenido por cierta”.
Abunda en que de las manifestaciones de los agentes se infiere, "sin duda alguna", el resultado probatorio alcanzado por el tribunal.
Los jueces aseguran que el resto de cuestiones planteadas por la defensa “no dejan de ser meros alegatos dirigidos a alterar la valoración de la prueba practicada”.
Además, le impusieron dos años de cárcel por cometer un delito de tenencia ilícita de armas.
Los magistrados del alto tribunal gallego han desestimado el recurso de apelación interpuesto por la defensa, que alegaba que su cliente no intentó disparar a los policías.
Señalan que “no ha explicitado en modo alguno cuál otra podría haber sido la intención del condenado al meter la mano en el lugar donde tenía el arma, desoyendo el requerimiento de los agentes, quienes portaban sus armas reglamentarias”. El tribunal considera que “no hay explicación alternativa mínimamente razonable que justifique ese proceder más allá de la que se ha tenido por cierta”.
Abunda en que de las manifestaciones de los agentes se infiere, "sin duda alguna", el resultado probatorio alcanzado por el tribunal.
Los jueces aseguran que el resto de cuestiones planteadas por la defensa “no dejan de ser meros alegatos dirigidos a alterar la valoración de la prueba practicada”.
