El alto tribunal estima que tanto el edificio como el entorno se han modificado a fondo
El Tribunal Supremo ha puesto punto final al que probablemente sea el mayor culebrón urbanístico de la historia reciente de Vigo al inadmitir a trámite un recurso de casación interpuesto contra un auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que validaba la legalización de la conocida como Colina de Castrelos de Vigo, tras la realización de obras de adaptación. Es decir, considera el Supremo que el edificio es legal y por tanto no cabe seguir adelante con procesos judiciales. Como no cabe recurso, se puede considerar que es el final después de 30 años con la amenaza de la piqueta debido a una decisión municipal tomada a principios de los años 90 de no defender su propia licencia. El juez había condenado al edificio a la piqueta pero no por una causa objetiva, el exceso de edificabilidad, como pasó en otras construcciones de la ciudad, sino por un hecho subjetivo, la inadaptación del bloque de vivienda a su entorno al estar situado en las inmediaciones de un bien de interés cultura, el pazo de Castrelos. Además, tenía en cuenta que el entorno era más rural que urbano. Claro que eso era en 1990: en 30 años se construyeron en el entorno el mayor centro comercial de Vigo, una circunvalación y varias urbanizaciones que cambiaron de forma absoluta la zona, quizá más que ninguna otra de la ciudad. Y así lo asume el Supremo.
El alto tribunal gallego dictó un auto en diciembre de 2019 en el que daba por ejecutada la sentencia que obligaba a la demolición total o parcial del bloque de edificios conocidos como la Colina de Castrelos, al entender que las modificaciones realizadas en el inmueble permitían su legalización, básicamente arreglos en las últimas plantas y modificaciones para adaptar la residencia.
Este bloque, también conocido como Pirocoto, llevaba años inmerso en litigios desde que, en 1994, se anuló la licencia de construcción por el reseñado impacto paisajístico. Después de varias sentencias y recursos desestimados, en 2012 el Concello tramitó una licencia para la realización de una serie de actuaciones que permitieran reponer la legalidad urbanística. El TSXG determinó que dichas actuaciones fueron ejecutadas y que la Colina de Castrelos ya no es un elemento de impacto paisajístico y por tanto, se acabó la causa que justificó el fallo inicial.
Además, incidió en que no procedía la demolición total, puesto que esa medida "generaría un resultado disonante con el entorno actual, profundamente urbanizado y transformado" con respecto al paisaje que había en 1994. Contra esa resolución se interpuso un recurso de casación ante el Tribunal Supremo y éste, en una providencia con fecha de 30 de junio, ha rechazado admitirla a trámite. Según el Supremo, el recurso carece de fundamentación suficiente y no concurren los supuestos que permitan apreciar interés objetivo.
El alto tribunal gallego dictó un auto en diciembre de 2019 en el que daba por ejecutada la sentencia que obligaba a la demolición total o parcial del bloque de edificios conocidos como la Colina de Castrelos, al entender que las modificaciones realizadas en el inmueble permitían su legalización, básicamente arreglos en las últimas plantas y modificaciones para adaptar la residencia.
Este bloque, también conocido como Pirocoto, llevaba años inmerso en litigios desde que, en 1994, se anuló la licencia de construcción por el reseñado impacto paisajístico. Después de varias sentencias y recursos desestimados, en 2012 el Concello tramitó una licencia para la realización de una serie de actuaciones que permitieran reponer la legalidad urbanística. El TSXG determinó que dichas actuaciones fueron ejecutadas y que la Colina de Castrelos ya no es un elemento de impacto paisajístico y por tanto, se acabó la causa que justificó el fallo inicial.
Además, incidió en que no procedía la demolición total, puesto que esa medida "generaría un resultado disonante con el entorno actual, profundamente urbanizado y transformado" con respecto al paisaje que había en 1994. Contra esa resolución se interpuso un recurso de casación ante el Tribunal Supremo y éste, en una providencia con fecha de 30 de junio, ha rechazado admitirla a trámite. Según el Supremo, el recurso carece de fundamentación suficiente y no concurren los supuestos que permitan apreciar interés objetivo.
