El país vecino impuso el pago en las autovías tras la intervención por Bruselas y no ha dado marcha atrás
Portugal es el ejemplo más próximo de lo que se viene encima a corto o medio plazo. En 2010, con la crisis económica en su máximo grado, el Estado luso fue intervenido por Bruselas, que a continuación dictó medidas draconianas que su Gobierno tuvo que asumir, siendo la más llamativa la imposición del peaje en las autovías, comenzando por la Región Norte y la A-28, que comunica la frontera con Oporto, una carretera muy transitada por toda la Eurorregión. Las autoridades lusas, obligadas a solicitar un rescate al BCE y al FMI (la famosa Troika), aplicaron diversas medidas recaudatorias obligadas. Una de ellas fueron los peajes, en aras de cuadrar el déficit en infraestructuras.
La medida se llevó por delante al Gobierno portugués de entonces pero once años después, pese a todas las protestas, no ha sido abolida. Al contrario: hoy casi todas las grandes vías portuguesas incluyen peajes. El sistema ha ido cambiando, desde los pórticos iniciales, y ahora es obligatorio registrar el vehículo al cruzar la frontera y asociarle una cuenta bancaria para que todos paguen, incluyendo los visitantes españoles, que se arriesgan a una fuerte multa. A partir de ahí, diversas cámaras colocadas a lo largo de las autovías calculan el coste definitivo de circulación. El Ministerio de Transportes del país vecino se encarga de cargar los pagos al cabo de las semanas. Por 100 kilómetros se abonan unos ocho euros (en torno a los 0,075€ por kilómetro); de Lisboa a Oporto, la conexión más importante y utilizada del país, el precio por kilómetro sale ahora en 0,068 euros (en función del tipo de vehículo).
