La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha demandado este lunes en Vigo la formación de un “frente común” contra la decisión que considera “arbitraria” de la Comisión Europea de vetar la pesca de arrastre en 87 zonas de la plataforma continental marina.
Ese frente común, entiende el Bloque, debe estar encabezado por el Gobierno de España, pero a él deben adherirse todas las instituciones y todos los partidos políticos, así como representantes del sector, con el objetivo de evitar que la decisión del Ejecutivo europeo entre en vigor dentro de 20 días.
“Estamos ante un debate donde hace falta presión política para que ese decreto no entre en vigor porque va en contra de los intereses de la pesca gallega, de la creación de empleo y de la generación de riqueza”, ha dicho Pontón tras reunirse con representantes de la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI).
“Todos los gobiernos deben presionar porque este es un acto unilateral de la Comisión Europea que es un mazazo para el sector pesquero y, como toda norma reglamentaria, podemos pedir que quede sin efecto”, ha añadido.
Pontón ha mostrado su esperanza de que los distintos gobiernos “estén a la altura”, y ha anunciado que el BNG ha solicitado la comparecencia de la conselleira do Mar, Rosa Quintana, en el Parlamento de Galicia; la del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en el Congreso, así como una reunión con el comisario europeo de Pesca.
La política nacionalista calificó de “arbitraria” una decisión que pone en riesgo el empleo de cientos de familias en Galicia y en España, y que supone la eliminación de toneladas de pescado fresco de la cesta de la compra, con lo que eso supondrá para su precio.
“Es una medida de enorme impacto”, ha dicho, y exige escuchar a todo el sector pero, ante todo, “actuar” para frenarla por el “impacto brutal” que tendrá en la economía de Galicia.
La líder nacionalista ha criticado, además, que la decisión se haya adoptado “sin los informes necesarios para analizar el impacto medioambiental”, que es lo que motiva una norma que afecta a unos 900 buques gallegos.
“La decisión se toma sin medir el impacto socio económico, se toma con informes desactualizados sobre el impacto de algún arte como el palangre de fondo”, ha criticado Pontón, y ha afirmado que “no se puede actuar con esta frivolidad cuando lo que está en juego es el pan de cientos de familias y un sector económico estratégico para los gallegos”
