El Instituto Español de Oceanografía no se integrará en el CSIC. Así se lo trasladó esta misma semana el secretario general de Innovación, Rafael Rodrigo, al presidente de Cepesca, Javier Garat. La patronal del sector pesquero lanzó hace varias semanas una llamada de socorro al ministro de Ciencia, Pedro Duque, para salvar urgentemente la institución que vive inmersa en dificultades burocráticas vinculadas a la compra de combustible, víveres y tripulación, llegando incluso a contar con la dimisión sus dos directores. “El Ministerio de Ciencia comprende nuestra preocupación y el nuevo director nos ha trasladado su compromiso para fortalecer el IEO y resolver sus problemas administrativos y económicos”, afirmó Garat.
Y es que la complicada situación vivida en el Instituto de Oeanografía provocó incluso el amarre de la flota, como ocurrió en Vigo con los dos buques oceanográficos que tienen puerto base en la ciudad, el “Ramón Margalef” y el “Ángeles Alvariño”. “Queremos que el IEO vuelva a ser la gran institución que siempre fue, esencial para el sector pesquero con una labor fundamental para la investigación”, añadió Garat.
El Gobierno cuenta con un grupo de trabajo con científicos y gestores que tienen por objetivo enderezar el rumbo del IEO, un plan se desarrollará previsiblemente tras finalizar el verano.
Javier Ruiz se pone al frente de un organismo que vive su peor crisis
El pasado 30 de junio, el Ministerio de Ciencia e Innovación dio a conocer al nuevo director del Instituto Español de Oceanografía (IEO), el biólogo Javier Tomás Ruiz Segura.
Ruiz es el tercer director del organismo en lo que va de año tras la dimisiones de Eduardo Balguerías en febrero y la de Rafael González-Quirós el pasado mes de junio por desacuerdos con la gestión del Gobierno. El nuevo director tiene ante sí a un IEO inmerso en la peor crisis de su historia, perdiendo personal desde hace años y sumergido en una maraña burocrática que amenaza con paralizar la investigación científica en sus nueve centros.
A nivel financiero, la institución cuenta con un excedente presupuestario de unos 80 millones de euros que no puede utilizar porque las normativas administrativas se lo impiden, al contrario de lo que ocurre en otros organismos con un estatuto más modernizado que les permite gozar de una mejor estructura, como el caso del CSIC.
