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VIGO

Los médicos atribuyen las agresiones a los recortes

La Fiscalía firma un protocolo con los cuatro colegios oficiales para gestionar estos incidentes, que llegaron a 500 el año pasado
Luis Campos Villarino (izquierda) con los demás presidentes y el fiscal superior gallego.
Luis Campos Villarino (izquierda) con los demás presidentes y el fiscal superior gallego.
Los médicos atribuyen las agresiones a los recortes
Las agresiones a profesionales sanitarios se duplicaron desde el año 2016 en Galicia, con unas 500 el año pasado. El presidente del Colegio de Médicos de Pontevedra, Luis Campos Villarino, atribuye esta situación a los recortes en la sanidad pública. En su opinión,  “las circunstancias que llevan al incremento de estas agresiones” tienen que ver con “la crisis económica y los recortes que ha sufrido la Sanidad Pública”, porque esto provocó masificación y mayores listas de espera que pueden propiciar conflictos.
Para mejorar esta situación, el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, firmó ayer un convenio de colaboración con los colegios oficiales de médicos de las cuatro provincias gallegas. Se trata de  agilizar los procedimientos en las denuncias de agresiones a profesionales sanitarios, de forma que la Fiscalía podrá actuar de forma más directa y tendrá una nueva coordinación con la policía.
El convenio establece un protocolo para facilitar la actuación inmediata en el caso de que se produzca un incidente violento contra un médico y poder “garantizar la eficacia en la investigación, persecución y el castigo de las correspondientes infracciones penales”, ha explicado Suances. El médico debe remitir el parte de lesiones si lo hubiese, o la documentación del caso, directamente al Colegio de Médicos y este órgano procederá a presentar una denuncia ante la Fiscalía territorial que corresponda para que el Ministerio Público abra las diligencias de investigación penal y, en el caso de que haya indicios de delito, llevar el caso al juzgado de instrucción.
Este protocolo se aplica a los médicos de la sanidad pública e incluye un anexo para profesionales que trabajan en empresas privadas, pero con un alcance penal más limitado por no tener la condición de funcionario. El convenio es similar al que hay en Valencia, País Vasco y Madrid, pero solo el de Galicia contempla a los sanitarios privados.