El personal del centro penitenciario asegura sentirse “desprotegido” frente a las agresiones. Instituciones Penitenciarias afirma sin embargo que la conflictividad baja
La última agresión registrada en el centro penitenciario de A Lama, hace unas semanas, ha sido para los trabajadores, la gota que colma el vaso. Tres funcionarios se recuperan de la los puñetazos y golpes recibidos por parte de un interno. “Nos sentimos totalmente desprotegidos, hay un importante déficit de personal y solo contamos con un bolígrafo y un papel para defendernos”, explica Juan, delegado sindical del CSIF de A Lama. Según afirma, en la prisión pontevedresa hay 71 plazas de funcionario sin cubrir “porque el personal se ha ido jubilando o está en segunda actividad, es decir, pasan de trabajos de interior a oficinas” y, a pesar de que la población reclusa ha ido descendiendo con los años, “la ratio es de dos funcionarios para cada 70 internos y así es imposible”. La situación ha llegado a un punto en el que “estamos desmotivados y nos damos cuenta de que nuestras reivindicaciones son las mismas que hace años, seguimos sin medios ni personales, ni materiales.”.
Fuentes de Instituciones Penitenciarias aseguran, no obstante, que la conflictividad no para de bajar, al igual que la población reclusa y aseguran que mientras en 2010 hubo 17 agresiones graves en 2020 fueron dos y en 2021, solamente una.
El problema radica en que “no se están reconociendo el total de las agresiones, solo las más graves, las que llevan consigo parte de lesiones, pero hay otro tipo de conflictividad que no sale en las estadísticas como insultos, amenazas…”, incide Marcos, representante de Acaip-UGT, quien cifra en 1.286 las agresiones en toda España hasta abril.
“Un conductor de autobús es agente de autoridad, nosotros no"
Muestra de la desprotección que denuncian los trabajadores fue el traslado en mayo pasado a A Lama de Norbert Feher, el criminal conocido como Igor el Ruso, condenado a la pena de prisión permanente revisable por los asesinatos a tiros de un ganadero y de dos guardias civiles en Teruel. El traslado se hizo bajo máxima custodia, pero una vez que llegó a prisión, “es como si ya no fuera peligroso”, afirma Juan. Su compañero Marcos hace hincapié en los internos de nuevas delincuencias, como las bandas del Este y los perfiles psiquiátricos. “Además de personal, solicitamos una reforma del protocolo específico de actuación en agresiones y que se nos considere agente de la autoridad, algo que ya son los conductores de autobuses”, señala el representante de Acaip-UGT, quien incide en la necesidad de más formación y de la Ley de Cuerpos penitenciarios “que sigue paralizada”.
Por su parte, José Carlos, de CCOO, recalca el incremento de internos con problemas psiquiátricos, muchos derivados del consumo de drogas. “Si antes en los años 80 era la heroína, ahora es la cocaína y las pastillas. Hay también falta de personal para repartir la medicación y algunos la esconden o la venden, no se puede controlar". Además, señala que “no hay psiquiatra en el centro, sino que viene semanalmente a pasar consulta”. Para José Carlos el hecho de que los funcionarios de prisiones no sean agentes de autoridad es otra forma más de desprotección. “Nos basamos en un reglamento desfasado del 61”. Todo eso hace que “se nos haya perdido el respeto”. Instituciones Penitenciarias afirma que se está paliando el déficit de personal con nuevos concursos, el último de 900 plazas.
