El estado de alarma ha supuesto un gran retraso en el trámite de procedimientos en el Juzgado de lo Mercantil número 3 en Vigo, una sala que lleva años sobresaturada y que apunta a un nuevo colapso tras el verano. Si bien en estos momentos las denuncias contra las aerolíneas representan el mayor volumen de la carga de trabajo del juzgado, la tendencia cambiará con total probabilidad por los efectos de la pandemia: muchos menos vuelos y más procedimientos concursales en empresas y personas físicas que se declaran insolventes.
El primer semestre deja un inusual descenso de casos en el Juzgado a causa de la pandemia con respecto al mismo periodo de 2019. En materia concursal, por ejemplo, son 20 los concursos registrados de 1 de enero a 30 de junio, seis menos que hace un año; y 12 preconcursos, uno menos. En el caso de los procesos abiertos en transporte aéreo -principalmente demandas contra aerolíneas por retrasos de vuelos o cancelaciones- la caída es de un 29% con 87 procedimientos de enero a junio frente a los 123 de un año antes. Mucho mayor es el ajuste producido en las demandas por parte de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) que acumula un total de 13 casos este año frente a los 43 del pasado, lo que supone una caída de un 70%.
El estado de alarma en el segundo trimestre del año ha impactado de lleno en los juzgados dejando una situación de retraso, si bien por el momento no se ha producido exceso de asuntos nuevos, tal y como constata el Mercantil. La Asociación Profesional de Administradores Concursales (Aspac) prevé una avalancha de concursos de acreedores a partir de septiembre y un "más que previsible atasco en los juzgados". Los expertos señalan a ese mes por la moratoria concursal decretada por el Gobierno que permite a las empresas en situación de insolvencia presentar el concurso voluntario en un plazo de dos meses una vez levantado el estado de alarma. El Colegio de Gestores Administrativos de Galicia también se manifiesta en esta línea y cifra en 52.000 las empresas que podrían transformar los ERTES en ERES, desembocando muchos de ellos en despidos tras el fin de los de fuerza mayor.
La SGAE estudiará moratorias y aplazamientos de pagos
La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), Agedi (propiedad intelectual) y AIE (artistas intérpretes) han acordado postergar al último semestre del año la facturación del segundo trimestre en los sectores afectados por las medidas de excepcionalidad por el estado de alarma como hostelería, hoteles, pequeño comercio, gimnasios, ocio nocturno y promotores musicales y teatrales, entre otros.
Los tres colectivos prevén abrir un proceso de revisión de la situación de cada sector analizando el impacto de la crisis en la generación de los derechos de los titulares, así como la adopción de medidas consensuadas por ambas partes "con el fin de recuperar lo antes posible la estabilidad económica". Así lo recoge un comunicado conjunto de las tres asociaciones, que se comprometieron a estudiar de manera conjunta alternativas para la concesión de moratorias, aplazamientos en los pagos pendientes y ralentización de expedientes judiciales a aquellos empresarios que cumplen con la Ley de Propiedad Intelectual durante el estado de alarma, ya finalizado.
Con esta iniciativa, los artistas, autores y productores de fonogramas "quieren ofrecer su apoyo a todos los sectores afectados por la crisis con el firme convencimiento de que sólo conjuntamente seremos capaces de hacerlo".
Unos diez fallos al mes favorables a pasajeros
La cancelación de una conexión entre Vigo-Lisboa dentro de un vuelo hacia Buenos Aires llevó a una pareja a demandar a la TAP. El juzgado admite la demanda y condena a la compañía al pago de 3.440 euros. Este es sólo uno de los casos sentenciados antes de la pandemia por el juzgado de lo Mercantil de Vigo.
Junto a cancelaciones, la pérdida de equipajes o retrasos son algunas de las causas que llevan a los pasajeros a presentar una demanda contra las aerolíneas. El incremento de causas que cada año se acumulan en el Juzgado de lo Mercantil, llevó también durante la pandemia al CGPJ a intervenir. En sus protocolos de actuación para tratar de frenar las consecuencias del parón por la crisis sanitaria, aconsejaba la creación de acuerdos extrajudiciales entre consumidores y compañías para evitar tener que acabar en los juzgados.
Como media, el Mercantil de Vigo dicta casi una decena de sentencias al mes favorables a los pasajeros. Hasta una semana antes del confinamiento, el número de sentencias superaba la veintena.
