A juicio por vender souvenirs de corales y caballitos de mar en Vigo

Los efectos fueron detectados en 2019 en un establecimiento de venta de souvenirs en el entorno del puerto.
photo_camera Los efectos fueron detectados en 2019 en un establecimiento de venta de souvenirs en el entorno del puerto.
El propietario de la tienda de recuerdos se enfrenta a una multa de 5.400 euros, a tres años de inhabilitación y otros tres sin poder cazar ni pescar por un delito contra la fauna

El dueño de uno de los establecimientos comerciales dedicados a la venta de recuerdos y souvenirs en Vigo responderá ante  un juzgado de lo Penal por un presunto delito contra la fauna por los objetos ofertados en su tienda.

Según la Fiscalía,  al menos entre septiembre y octubre de 2019, el acusado tenía en su tienda entre otros numerosos efectos, 21 sierras de pez sierra, un caparazón de armadillo y 17 pulseras de carey. También 71 de coral azul, 41 de coral rojo, 9 de coral negro, 290 de coral pétreo, 415 de diversos tipos de concha (almejas gigantes y conchas de casco de caballo), además de 17 caballitos de mar naturalizados, dos caparazones de tortuga y 19 mandíbulas

Lo que a priori para un visitante o turista es un bonito recuerdo de su paso por una ciudad de mar como es Vigo, puede llegar a infringir el reglamento comunitario en relación con el comercio internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestre. Así lo asegura el Ministerio Público, quien incide en que tanto el pez sierra, como el armadillo y el carey son especies en peligro de extinción incluidas en dicho reglamento. Pero además, añade que los corales, almejas gigantes, conchas de casco de caballo, caballitos de mar, caparazones de tortuga y mandíbulas también corresponden a especies en riesgo. Afirma que todas las piezas descritas procedían de terceros países y las tenía destinadas a su venta al público a sabiendas de que no podía hacerlo por carecer de la preceptiva documentación acreditativa de su legal importación en “nuestro país”. 

De tal forma, atribuye al propietario un delito contra la fauna y pide para él una pena de multa de 5.400 euros, (18 meses con una cuota diaria de 10 euros) y tres años de inhabilitación especial para profesión y oficio relacionado con el comercio de especies de fauna (así como sus partes y derivados) amenazadas y/o en peligro de extinción. Asimismo, solicita la condena por tres años de privación del derecho a cazar y pescar e incluye el comiso de todos los efectos que fueron detectados en su establecimiento y que atentarían con el reglamento establecido sobre especies.

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