El propietario de la empresa Redcom interpone una querella por las presuntas extorsiones del funcionario
La causa abierta por el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago por una presunta trama corrupta vinculada a un inspector de Hacienda de Vigo va camino de convertirse en macrocausa. A la querella inicial presentada por un economista y contable de Santiago de Compostela que dio lugar a la detención del funcionario público y un asesor en enero pasado se suman nuevas denuncias de supuestas víctimas.
El dueño de Redcom, que fue objeto en su día de la intervención del citado inspector, Asdrúbal C., ha sido el último en presentar una querella en la que relataría los presuntos chantajes y el ‘modus operandi’ que la Guardia Civil atribuye al empleado público y al resto de vinculados a la trama.
El Juzgado de Instrucción 3 de Santiago ya inició las declaraciones de testigos. El principal investigado y su supuesto colaborador quedaron en libertad bajo fianza, el primero tras estar varios meses en prisión y el segundo tras pasar a disposición judicial después del arresto. El proceso mantiene además como investigadas a otras cinco personas.
Las querellas presentadas coincidirían en señalar las supuestas insinuaciones del inspector de Hacienda hacia las empresas que investigaba sobre la conveniencia de un acuerdo que evitaría continuar con el procedimiento sancionador. El acuerdo pasaría por el pago de cantidades en metálico.
La propia Agencia Tributaria inició una investigación interna después de que interviniera la Fiscalía Anticorrupción.
Tras darse a conocer la operación, se destapó que habían sido varios los grupos empresariales que habrían sufrido acoso por parte del inspector hasta el punto de tener que liquidar. Entre ellos el de Blusens, al que se le acusó de una estafa de carrusel de IVA, con un entramado en diferentes países y con varias actas abiertas por el mencionado funcionario. El propietario de Redcom, acusado igualmente, consiguió una sentencia absolutoria pero no logró recuperar los 8,5 millones de euros que el juez obligó a la Agencia Tributaria a devolverle porque Asdrúbal C. abrió un procedimiento administrativo que paralizó la devolución, no sin antes informarle de que había una fórmula de que todo acabara previo pago que rechazó.
