El juzgado de Instrucción 3 de Vigo, encargado de la investigación judicial sobre el accidente de O Marisquiño, entra en la recta final del trabajo más laborioso en dicha causa, la incoación de las demandas de afectadas.
Hasta la fecha y a falta de un mes para que se cumpla un año, ya han sido ratificadas 283 denuncias y quedan pendientes 40, ya que no todos las personas perjudicadas por el derrumbamiento del pantalán han tomado medidas judiciales.
La ratificación de dichas denuncias se ha hecho sin descanso por parte del juzgado incluso con horas extra para poder agilizar el trámite. Los perjudicados ratifican en sede judicial la denuncia previa interpuesta en Comisaría, además de presentar el parte de lesiones y someterse a un examen forense.
La causa fue declarada compleja para poder dar salida a todas las demandas de afectados que en su momento se cifraron por encima de los 400.
El juzgado dictó a primeros de año un auto desprecintando la zona afectada y dejando en manos del Puerto, el arreglo de la misma si lo consideraba oportuno. Por su parte, la Autoridad Portuaria decidió esperar una resolución judicial. El deterioro ha ido extendiendo la llamada ‘zona cero’, que llegó a sufrir un nuevo derrumbamiento pese a estar vallada.
Los peritos a los que se les encargó un informe sobre las causas del siniestro concluyeron que el antiguo muelle se vino abajo porque estaba corroído por efecto del mar y la falta de mantenimiento y no por el peso, que en condiciones normales no habría producido ningún efecto sobre la plataforma. No obstante la clave es dilucidar qué institución tenía la competencia en el cuidado de la estructura. El Puerto señala al Concello, por Abrir Vigo al Mar y el Concello al Puerto, al indicar que es un muelle de su titularidad.
Los peritos judiciales comparecerán el próximo mes de septiembre para exponer ante las partes sus conclusiones, después de que dicha comparecencia se aplazara el pasado mes de junio. También la Autoridad Portuaria ha remitido al juzgado su propio informe.
Todo indica que el juzgado de Instrucción 3 podría tomar una determinación antes de que finalizara el año después de las declaraciones previstas. La titular deberá decidir si considera que hubo indicios de delito en una actuación negligente o por el contrario será un asunto que deba dirimirse en vía civil.n
