Según los datos de Fegein hacen falta 5.000 viviendas de protección oficial en Galicia en régimen de alquiler con opción a compra en un modelo contractual de hasta 10 años para dar salida a la necesidad actual. Por áreas, la de Vigo sería la de más demanda en Galicia, con unas 2.000 viviendas. El área de A Coruña, 1.200 viviendas; la de Ferrol apenas 200, la de Pontevedra (el norte de la provincia) urge 400 viviendas. El área de Santiago necesitaría 500 viviendas, el de Lugo 400 y el de Ourense 300 viviendas.
Para el presidente de Fegein, Benito Iglesias, estas 5.000 viviendas son a priori las necesidades de vivienda para actuar como plan de choque para dar solución a miles de familias gallegas que no tienen poder adquisitivo para tener en propiedad una vivienda, y que difícilmente pueden asumir un alquiler en el mercado libre.
"Desde el sector exigimos una vez más normativas claras, concretas, agrupadas, legibles y que dé soluciones reales a los problemas reales de las personas, con seguridad jurídica urbanística y con planificaciones de vivienda por las administraciones", explica.
Considera Iglesias que el crecimiento de la vivienda vacacional y la desconfianza de los propietarios con la nueva ley de alquiler, deja la oferta de alquiler en mínimos y con un panorama en las grandes ciudades gallegas preocupante.
"Los alquileres son inasumibles cada vez más para un segmento más amplio de la población y focalizando el problema en los jóvenes de menos de 35 años y las familias con ingresos inferiores a los 18.000 euros", indica el presidente de la federación de empresas inmobiliarias.
"Desde Fegein llevamos advirtiendo de las tensiones del mercado en alquiler sobre todo en Vigo, Coruña y Santiago", indica. Solo hay 3.500 viviendas en alquiler en las cuatro provincias gallegas. Lo cual significa un reducción de más de un 60% desde 2017.
Mantiene Benito Iglesias que en Galicia no hay planificación del alquiler, ni por parte de la Administración autonómica, ni desde las administraciones locales y reclama vivienda social para personas vulnerables y con un ratio de ingresos de menos de 18.000 euros anuales. "Urge un parque de vivienda social, como en el resto de Europa, con colaboración público-privada, pero dejando que la vivienda libre se regule por sí misma, sin intervencionismos", sostiene. "Los propietarios deben tener seguridad jurídica e incentivos fiscales por estos alquileres", concluye Iglesias.
