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Hacen faltan 2.000 viviendas de promoción oficial en Vigo

Hacen faltan 2.000 viviendas de promoción oficial en Vigo

 Según los datos de Fegein hacen falta 5.000 viviendas de protección oficial en Galicia en régimen de alquiler con opción a compra en un modelo contractual de hasta 10 años para dar salida a la necesidad actual. Por áreas, la de Vigo sería la de más demanda en Galicia, con unas 2.000 viviendas. El área de A Coruña, 1.200 viviendas; la de Ferrol apenas  200, la de Pontevedra (el norte de la provincia) urge 400 viviendas. El área de Santiago necesitaría 500 viviendas, el de Lugo 400 y el de Ourense 300 viviendas.

Para el presidente de Fegein, Benito Iglesias, estas 5.000 viviendas son a priori las necesidades de vivienda para actuar como plan de choque para dar solución a miles de familias gallegas que no tienen poder adquisitivo para tener en propiedad una vivienda, y que difícilmente pueden asumir un alquiler en el mercado libre.
"Desde el sector exigimos una vez más normativas claras, concretas, agrupadas, legibles y que dé soluciones reales a los problemas reales de las personas, con seguridad jurídica urbanística y con planificaciones de vivienda por las administraciones", explica.
Considera Iglesias que el crecimiento de la vivienda vacacional y la desconfianza de los propietarios con la nueva ley de alquiler, deja la oferta de alquiler en mínimos y con un panorama en las grandes ciudades gallegas preocupante.
"Los alquileres son inasumibles cada vez más para un segmento más amplio de la población y focalizando el problema en los jóvenes de menos de 35 años y las familias con ingresos inferiores a los 18.000 euros", indica el presidente de la federación de empresas inmobiliarias.
"Desde Fegein llevamos advirtiendo de las tensiones del mercado en alquiler sobre todo en Vigo, Coruña y Santiago", indica. Solo hay 3.500 viviendas en alquiler en las cuatro provincias gallegas. Lo cual significa un reducción de más de un 60% desde 2017.
Mantiene Benito Iglesias que en Galicia no hay planificación del alquiler, ni por parte de la Administración autonómica, ni desde las administraciones locales y reclama vivienda social para personas vulnerables y con un ratio de ingresos de menos de 18.000 euros anuales. "Urge un parque de vivienda social, como en el resto de Europa, con colaboración público-privada, pero dejando que la vivienda libre se regule por sí misma, sin intervencionismos", sostiene. "Los propietarios deben tener seguridad jurídica e incentivos fiscales por estos alquileres", concluye Iglesias.