El TSXG traslada a Justicia su ‘grave preocupación’ al no concretarse la creación de este órgano
El Real Decreto del Gobierno para la creación del nuevo juzgado laboral de Vigo (el número 7) se esperaba como agua de mayo pero ha llegado como un jarro de agua fría. Su publicación en el BOE este mismo martes, el último paso necesario para su puesta en marcha, ha excluido al órgano de lo Social vigués, así como a los previstos en A Coruña y Lugo, de fecha concreta.
Aunque la disposición incluye la necesidad urgente de reforzar las jurisdicciones con mayor carga de trabajo a consecuencia de la pandemia, entre ellas la que tiene que ver con los trabajadores, y se especifica la creación de dos juzgados de Primera Instancia, quince laborales (entre ellos, el de Vigo), además de otros trece de lo Mercantil, sólo pone fecha concreta (el 31 de diciembre) a trece.
Así, la normativa establece que la entrada en funcionamiento de los nuevos órganos, a excepción de esos trece, “será fijada por el ministro de Justicia, oído el Consejo General del Poder Judicial y publicada en el BOE”.
La reacción no se ha hecho esperar, teniendo en cuenta que el plan previsto para atajar las consecuencias del covid tiene una plazo de tres años para su puesta en marcha, lo que podría prolongar peligrosamente la creación de facto de uno de los juzgados más necesarios en Vigo, por la carga que soporta la jurisdicción laboral.
Ante esta situación, la comisión de la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acordó en una reunión el miércoles dar traslado de su “grave preocupación por la indefinición para la entrada en vigor de los juzgados de lo Social creados en Lugo, A Coruña y Vigo” al Poder Judicial, Ministerio de Justicia y a la Dirección Xeral, además de los consejos profesionales de Abogacía, procuradores y graduados sociales. En el acuerdo del alto tribunal gallego, se advierte de que la puesta en funcionamiento de dichos órganos “se considera prioritaria, teniendo en cuenta las cargas de trabajo que soportan estas ciudades y el gasto que suponen los refuerzos actualmente existentes”.
Los números hicieron que Vigo fuera propuesto por el Consejo General del Poder Judicial para la lista de nuevas creaciones, una candidatura que contó con el visto bueno de la comisión mixta y también del Ministerio de Justicia.
Aunque la disposición incluye la necesidad urgente de reforzar las jurisdicciones con mayor carga de trabajo a consecuencia de la pandemia, entre ellas la que tiene que ver con los trabajadores, y se especifica la creación de dos juzgados de Primera Instancia, quince laborales (entre ellos, el de Vigo), además de otros trece de lo Mercantil, sólo pone fecha concreta (el 31 de diciembre) a trece.
Así, la normativa establece que la entrada en funcionamiento de los nuevos órganos, a excepción de esos trece, “será fijada por el ministro de Justicia, oído el Consejo General del Poder Judicial y publicada en el BOE”.
La reacción no se ha hecho esperar, teniendo en cuenta que el plan previsto para atajar las consecuencias del covid tiene una plazo de tres años para su puesta en marcha, lo que podría prolongar peligrosamente la creación de facto de uno de los juzgados más necesarios en Vigo, por la carga que soporta la jurisdicción laboral.
Ante esta situación, la comisión de la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acordó en una reunión el miércoles dar traslado de su “grave preocupación por la indefinición para la entrada en vigor de los juzgados de lo Social creados en Lugo, A Coruña y Vigo” al Poder Judicial, Ministerio de Justicia y a la Dirección Xeral, además de los consejos profesionales de Abogacía, procuradores y graduados sociales. En el acuerdo del alto tribunal gallego, se advierte de que la puesta en funcionamiento de dichos órganos “se considera prioritaria, teniendo en cuenta las cargas de trabajo que soportan estas ciudades y el gasto que suponen los refuerzos actualmente existentes”.
Los números hicieron que Vigo fuera propuesto por el Consejo General del Poder Judicial para la lista de nuevas creaciones, una candidatura que contó con el visto bueno de la comisión mixta y también del Ministerio de Justicia.
