Atlántico

VIGO

El fin del pago a Redondela y la AP-9 "gallega", aún pendientes

Cabina de peaje en el tramo de la autopista entre Vigo y Redondela.
Cabina de peaje en el tramo de la autopista entre Vigo y Redondela.
El fin del pago a Redondela y la AP-9 "gallega", aún pendientes
n n n En Vigo también se recordaba ayer por parte de los grupos municipales que mientras avanzan los planes del Gobierno con respecto a las autovías sigue en un cajón la petición unánime del Parlamento de Galicia en favor del traspaso de la titularidad de la AP-9 del Estado a la Xunta. 
En este sentido, señalaron que durante este tiempo, el Ejecutivo sí ha tomado medidas con otras autopistas. En concreto, ha anunciado que liberará de pago la AP-7, en su tramo entre Tarragona y Alicante, y la AP-4, entre Sevilla y Cádiz, el próximo 1 de enero tras el fin de la concesión. 
El Partido Popular recodaba que están encima de la mesa varios asuntos sin resolver con respecto a las vías de alta capacidad del entorno de la ciudad, en concreto la nueva autovía a Porriño y la supresión del peaje en la autopista entre Vigo y Redondela, "dos promesas de las que nada se sabe". 
Por su parte, Fernández Alvariño, se mostró más crítico con  Ábalos, al que pidió que "se deje de historias y que nos pague 700 millones que debe a los gallegos, no a la Xunta haya o no gobierno" y recordó asimismo que el titular de Fomento en funciones prometió eliminar el peaje de Redondela -una decisión del Gobierno de Rajoy- "¿y dónde está?, como la nueva autovía de Vigo a Porriño, que también paralizó cuando había un acuerdo para hacerla con un plan extraordinario", añadió. 
La propuesta apuntada por el ministro de Fomento en funciones plantea reproducir en parte en España el modelo aplicado en Portugal, donde su Gobierno, en el peor momento de la crisis e intervención por parte de la troika europea, colocó peajes en sus autovías del Norte, en concreto la que va desde la frontera con Galicia hasta Oporto, lo que provocó numerosas protestas de vecinos y transportistas que también se realizaron en Galicia, con apoyo de empresarios y el Eixo Atlántico de municipios. El Ejecutivo luso acabó finalmente instalando controles en las principales vías que leían las matrículas para multar a los que no hubieran pagado y pagó la decisión en las urnas meses después. n