Representantes de la Asociación Trega (Traballadores de Residencias de Galicia), del colectivo Rede (de familiares de usuarios de centros geriátricos) y del Movemento Galego pola Defensa das Pensión protestaron ayer ante la delegación territorial de la Xunta para denunciar la situación de la residencia de mayores de Salvaterra, intervenida por la administración, y de todos los centros geriátricos en los que “parece que no se ha aprendido nada de la primera ola de la pandemia de covid”. Los pensionistas creen que "ni la administración ni las empresas hicieron nada para evitar que esta segunda ola llegase a los centros con consecuencias “aún más graves". La portavoz de Trega (colectivo que denunció ante Política Social y el Sergas la situación de la residencia de Salvaterra), Cristina Moreno, dijo que el principal problema de los geriátricos es la falta "sangrante" de personal, y asegura que las inspecciones no son efectivas porque las direcciones de los centros lo saben antes.
Lamentan que tras la primera ola los trabajadores de las residencias sigan trabajando "con mascarillas quirúrgicas" y solo dispongan de mascarillas FFP2 "cuando ya se ha detectado un contagio". "Falta personal, el que hay no da abasto para atender a los usuarios, para ponerse y quitarse los EPI correctamente, no se respetan los circuitos de limpio-sucio", indicaron.
Los convocantes destacaron que el problema de fondo de las residencias es el modelo de gestión al confiar el servicio a empresas privadas que se guían por el "mercantilismo" y el "negocio", y creen que la Xunta “miró para otro lado”.
Por todo ello, urgen el "inmediato cese" de Berta Besada, jefa del servicio de Inspección de Maiores e Discapacitados; la "plena recuperación de la gestión pública" de las residencias; y la construcción de los centros anunciados para las siete grandes ciudades, porque Galicia tiene un déficit de más de 10.000 plazas y el 76% de las que hay están en manos privadas.
Lamentan que tras la primera ola los trabajadores de las residencias sigan trabajando "con mascarillas quirúrgicas" y solo dispongan de mascarillas FFP2 "cuando ya se ha detectado un contagio". "Falta personal, el que hay no da abasto para atender a los usuarios, para ponerse y quitarse los EPI correctamente, no se respetan los circuitos de limpio-sucio", indicaron.
Los convocantes destacaron que el problema de fondo de las residencias es el modelo de gestión al confiar el servicio a empresas privadas que se guían por el "mercantilismo" y el "negocio", y creen que la Xunta “miró para otro lado”.
Por todo ello, urgen el "inmediato cese" de Berta Besada, jefa del servicio de Inspección de Maiores e Discapacitados; la "plena recuperación de la gestión pública" de las residencias; y la construcción de los centros anunciados para las siete grandes ciudades, porque Galicia tiene un déficit de más de 10.000 plazas y el 76% de las que hay están en manos privadas.
