El informe forense determinará la veracidad del argumento de la mujer que culpó a su marido fallecido de imponerle sus condiciones
nnn Un año después del presunto caso de rapto sexual en un domicilio en Castrelos que destapó una posible trama de trata, el juzgado prevé cerrar la instrucción en breve para un próximo juicio. El último paso lo han dado los forenses que han examinado a la única investigada en la causa (su marido y principal sospechoso se sucidió durante un registro lanzándose por la ventana). La intención es comprobar si M.Q., de 45, años fue coaccionada o amenazada por su marido, tal y como ella habría declarado en su primera comparecencia judicial. Fue tras su arresto cuando se desvinculó de los hechos ya que aseguró que era su marido quien ponía las condiciones en su casa y que se sentía amenazada por él.
A lo largo de los 12 meses, no obstante, se ha podido comprobar que lo que empezó con la denuncia de una empleada de hogar de Nicaragua que aseguró haber estado retenida en el domicilio y haber sido obligada a trabajar en ropa interior, iba mucho más allá. La declaración de ocho víctimas procedentes de distintos países puso sobre la mesa que algunas eran captadas por internet con una oferta de trabajo como interna. Los testimonios coincidieron en señalar los abusos a los que eran sometidas durante la entrevista por el marido, que haciéndose pasar por médico les sometía a una exploración vaginal y en ocasiones les pedía que se desnudaran para tomar confianza.
M.Q. no quisó declarar en su última comparecencia telemática ante el juzgado tras la ampliación de delitos. Fue en el mes de julio. Pero antes, había defendido su inocencia asegurando que ella también era una víctima, a pesar de que las testigos la situaban allí cuando ocurrían los presuntos abusos y algunas la habrían señalado como posible captadora a ciudadanas de su mismo país de origen. Los forenses la sometieron así a una valoración con el objeto de corrobar si fue sometida a coacción.n
A lo largo de los 12 meses, no obstante, se ha podido comprobar que lo que empezó con la denuncia de una empleada de hogar de Nicaragua que aseguró haber estado retenida en el domicilio y haber sido obligada a trabajar en ropa interior, iba mucho más allá. La declaración de ocho víctimas procedentes de distintos países puso sobre la mesa que algunas eran captadas por internet con una oferta de trabajo como interna. Los testimonios coincidieron en señalar los abusos a los que eran sometidas durante la entrevista por el marido, que haciéndose pasar por médico les sometía a una exploración vaginal y en ocasiones les pedía que se desnudaran para tomar confianza.
M.Q. no quisó declarar en su última comparecencia telemática ante el juzgado tras la ampliación de delitos. Fue en el mes de julio. Pero antes, había defendido su inocencia asegurando que ella también era una víctima, a pesar de que las testigos la situaban allí cuando ocurrían los presuntos abusos y algunas la habrían señalado como posible captadora a ciudadanas de su mismo país de origen. Los forenses la sometieron así a una valoración con el objeto de corrobar si fue sometida a coacción.n
