Las organizaciones de la lonja piden abrir diálogo por el incremento del 60% de las tasas
Representantes de cuatro organizaciones con peso espefífico que operan en el Berbés (armadores, vendedores, comercializadores y transportistas) expusieron ayer ante los medios su postura radicalmente contraria a la subida de las tasas de ocupación de locales en el puerto pesquero y reclamaron "respeto" y "reabrir el diálogo" con la Autoridad Portuaria (APV), tras el incremento de las tasas en sus locales en concesión. La APV mantiene que se trata de la aplicación de una directriz de Puertos del Estado y no hay posibilidades legales de evitarlo. Sin embargo, los miembros de la comunidad portuaria creen que no se ha aplicado en otros puertos, pese a que la APV mantiene que sí al menos en Coruña.
Insistieron en que conocieron la subida -finalmente un 66 por ciento tras varios ajustes sobre el 150 inicial- por la prensa o cuando caducaban las concesiones y advirtieron de que existe un malestar extendido entre todos los ámbitos que perjudica a la actividad. En total, cifraron en 200 las pequeñas y medianas empresas comprometidas por el incremento, lo que podría afectar a 2.000 trabajadores directamente y a otros 4.500 de forma indirecta.
Javier touza, presidente de ARVI, la cooperativa de armadores, señaló que la información que han recibido de la Autoridad Portuaria (APV) indica que la Abogacía de Puertos del Estado indicó que el Puerto vigués tendría que elevar las tasas de ocupación al 6 por ciento al dividir los usuarios en dos clases, los directamente involucrados con la pesca, que serían los armadores, y los usos auxiliares, como vendedores o comercializadores, a los que tendría que cobrarse una tasa más elevada por utilización de concesiones en la lonja para sus negocios. También advirtió que lo ocurrido con los nuevos precios públicos es el colofón a otros desencuentros con la APV que citó: la propuesta de que la lonja se gestionara en concesión (como Coruña), la operación de la Guardia Civil que implicó a trabajadores del Berbés "y que fue sobreseida, pero que se aireó desde el Puerto". En todo caso, resumió que el problema estaría en "la falta de consenso y de diálogo", que ha llevado a empresas a pagar de 19.000 a 44.000 euros al año "y eso tiene efecto en la dinámica de la lonja, que tiene seguir como líder de Europa". Jorge Abal, de Transfrío, (transportistas), señaló que ha pedido una nueva concesión condicionada a sus acciones legales "y la respuesta ha sido negativa". Juan López, de Acopevi (comercializadores) ve ilógica la subida mientras Marisol Landrif, su gerente, señaló la crisis en el sector "donde el 50 por ciento de las pequeñas empresas han acabado dándose de baja de Acopevi". José Manuel Pérez, de la asociación de vendedores, añadió que "hemos dicho basta" y finalmente Touza reconoció que las acciones a tomar no están decididas, aunque no descartó un cierre de la lonja unos días. No obstante, pidió a la APV "respeto, comunicación y transparencia, seguridad jurídica e igualdad de trato con otras lonjas", no sin antes destacar la "inoportunidad" de lo ocurrido. n
