La viuda del hombre que se lanzó desde un noveno en Castrelos tras la detención de ambos investigados por un presunto secuestro sexual rompió ayer su silencio ante el juzgado de Instrucción 7, que ratificó su ingreso en prisión.
Ni en Comisaría, ni en el juzgado de guardia, M.Q., de 45 años, había querido declarar por los hechos que acabaron en su detención, primero, y en A Lama, después y que habrían salido a la luz tras la denuncia de una compatriota, de Nicaragua, a la que había contratado como interna. La empleada denunció en Comisaría que fue retenida en el piso de la pareja en contra de su voluntad y sometida, entre otras cosas, a realizar las tareas del hogar en ropa interior, así como otra serie de hechos contra la indemnidad sexual.
Ayer, la detenida, era trasladada hasta los juzgados, esposada y custodiada por la Policía. Ante el Juzgado de Instrucción 7 se declaró inocente. Aseguró que ella no sabía nada y que se sentía una víctima ya que era su marido quien imponía las condiciones en la casa. En su relato se mostró también amenazada por él y no pudo contener las lágrimas, cuando recibió el auto judicial en el que se le informaba de que continuará en la cárcel.
Sobre los hechos que denunció la víctima, aseguró no saber nada y añadió que esta mujer apenas estuvo un día y medio en la casa por lo que consideró que denunció para conseguir beneficios de residencia al ser una inmigrante ilegal.
Los indicios de la Policía de que hubo más personas implicadas (más víctimas), además del riesgo de fuga y la gravedad de los delitos, pesaron en la decisión judicial.
Los nuevos pasos de la investigación se centran en poder localizar a esas posibles víctimas. La detenida habría reconocido que tuvieron una empleada anterior, sin que hubiera habido ningún problema.
Además, se está pendiente del análisis de los dispositivos recabados en el domicilio, varios teléfonos móviles, una tablet y un ordenador para ver si se localiza algún tipo de imagen vinculada al testimonio aportado por la denunciante. Ese informe se sumará al del estudio de los efectos intervenidos en el noveno de la avenida de Castrelos, donde vivía la pareja.
Hasta el momento, los agentes no han encontrado pruebas de que hubiera un posible comercio sexual de imágenes con terceros.
En la vivienda, no había dispositivo de grabación, únicamente dos cámaras de vigilancia, una en la entrada y otra en el pasillo, que pertenecían a una empresa de seguridad y que estaban inactivas por falta de pago, tal y como habría informado la propia empresa a la Policía. La pareja debía varias mensualidades por el dispositivo de seguridad, que, además, era únicamente de visionado y no de grabación, por lo que no pudieron ser utilizadas para otro fin que no fuera el de vigilar.
El juzgado comenzará de forma inminente con las declaraciones tanto de la víctima como de los testigos. Al parecer, la denunciante, después de acudir a comisaría días después de los hechos, decidió dejar Vigo y trasladarse a Murcia, donde residiría actualmente.n
