La medida supondrá un cambio absoluto para el trabajo en el Puerto de Vigo. Las empresas operadoras podrán contratar libremente y reducir hasta un millón sus costes. Ya hay amenaza de paro
La organización del trabajo en los muelles dará un cambio radical este mismo año, a partir de mayo, con la entrada en vigor de la disposición del Real Decreto aprobado por el Gobierno de Rajoy que permite que el 75 por ciento de las cargas y descargas puedan ser realizadas por trabajadores contratados libremente. Y por tanto, sin tener que estar apuntados a la Sociedad de Estiba del Puerto (Sagep), como sucede hoy. Para el puerto vigués supondrá un cambio de escenario absoluto y una reducción en los costes para las empresas: el informe Crecimiento Azul estima que la liberalización completa supondría un ahorro de un millón al año en Bouzas a las compañías que cargan vehículos. Y eso resultaría clave en una terminal que a día de hoy tiene número rojos en su actividad. El
Puerto incluso se ha planteado licitar la gestión en concesión, como en Guixar. Pero no aún.
Eso no quiere decir, sin embargo, que los estibadores no vayan a continuar trabajando en las terminales de Guixar, Areal y Bouzas, como ahora, pero sí se abre definitivamente la mano para que los operadores puedan tener otras opciones. En Vigo, el peso de la Sagep es clave, lo que no pasa en ninguno otro puerto de Galicia.
A día de hoy, en teoría se podría ya contratar el 50 por ciento de los trabajadores con el Real Decreto en la mano, pero no ha sido así. Tan sólo en Termavi (la compañía gestora de la terminal de contenedores de Guixar) hay operaciones de entrega y recepción realizadas por personal laboral contratado. Y poco más. Como explicaba a este diario un representante del sector, a día de hoy la estiba se encuentra en una “tensa espera” para ver si el Gobierno anula el Real Decreto. Eso parece que espera la Coordinadora, el sindicato, mayoritario en la estiba, promotor de los paros hace dos años.
El Real Decreto, contra el que peleó la Coordinadora de la Estiba, lleva ya dos años en vigor y a partir de mayo entra en su recta final, que supone liberalizar el sistema. Hay dudas sobre la interpretación, pero hay acuerdo sobre el hecho de que no haya un documento de desarrollo no alarga los plazos.
