Fue condenado en una vista en la Audiencia junto a sus cómplices e inhabilitado por un delito continuado de apropiación indebida
Confesó que durante los años 2019 y 2021, como letrado de la Administración de Justicia expedía mandamientos de la cuenta juzgado de Primera Instancia en el que trabajaba con cargo a diferentes expedientes a favor de otras tres personas, también acusadas, que no eran parte del procedimiento. Estos presentaban el cobro en el banco y después le entregaban el dinero. El funcionario se apropió mediante este sistema de 240.000 euros de las cuentas del juzgado.
Ayer, en una vista por conformidad celebrada en la sección quinta de la Audiencia, Francisco R. fue condenado a un año de cárcel, frente a los cuatro que solicitaba inicialmente la Fiscalía. Además, la sentencia le impuso una multa de 360 euros y la inhabilitación (medida que ya no le afecta, pues, según dijo está jubilado) por un delito continuado de apropiación indebida en la modalidad agravada de administración desleal.
El tribunal acordó la suspensión de la pena de prisión por cinco años condicionada al pago de algo más de 28.000 euros, que le queda para zanjar su deuda. Desde que fue detenido e investigado ya abonó más de 170.000 euros, y eso le sirvió para que le aplicaran la atenuante de reparación del daño. También se tuvo en cuenta la de confesión y la de drogadicción en el momento de los hechos, por lo que deberá seguir en tratamiento de deshabituación. Aunque se le aplicó la agravante de abuso de funciones públicas.
Junto a él se sentaron dos de sus cómplices, (un tercero fue juzgado con posterioridad). A ellos, como cooperadores en el delito de apropiación indebida se les impuso sendas penas de de seis meses de prisión y el abono de cantidades de entre 10.000 y 13.000 euros. Asimismo, se le suspendió la pena en un caso por dos años y otro por cinco. Será un periodo en el que no podrán delinquir y en el que tendrán que hacer frente a los pagos acordados.
Los hechos saltaban a la luz en octubre de 2021. Una denuncia por supuestas irregularidades detectadas en las cuentas del juzgado hizo actuar a la Fiscalía. El letrado judicial fue detenido y se bloquearon las cuentas del juzgado. Quedó en libertad, pero se le impuso entre otras medidas una orden de alejamiento de los juzgados.
